TORREJÓN DE ARDOZ. La oficina de remesas donde trabaja la peruana Magalí Quezada, cerca de Madrid, solía ser «un hormigueo» de actividad. Pero desde que estalló la crisis los clientes escasean: muchos regresaron a sus países, otros no pueden partir atrapados por las deudas.
Es el caso de Consuelo Lozano, una ecuatoriana de 40 años que perdió su piso en Torrejón de Ardoz, suburbio madrileño donde viven más de 4.000 inmigrantes, principalmente latinoamericanos y africanos.
Con un marido desempleado y un trabajo por horas como limpiadora, Consuelo, que llegó en 1998 desde su Loja natal, no pudo pagar el crédito con el que hace cinco años compró su vivienda.
Pero, tras habersela confiscado, el banco le sigue reclamando más de 180.000 euros (240.000 dólares), una deuda que si ella no puede devolver, recaerá en la familia de su hermano, que firmó como avalista.
«Me podría volver a Ecuador, pero ¿dónde dejo esta conciencia que me atormenta?», dice Consuelo. «Porque el banco ahora van a por ellos», lamenta.
«Es otra familia que va a terminar como yo en la calle», dice, explicando que su hermano, chófer en Madrid, tiene su propia hipoteca que pagar.
En la misma calle, presidida por una pancarta que proclama «¡Stop desahucios!», vive otra familia ecuatoriana, la de Nelly Moreira, de 45 años, que, tras llegar con sus tres hijos hace una década, rápidamente creyó en el sueño de una vida mejor.
«Al principio vivíamos todos amontanados en casa de mi hermano y por no vivir así, me decidí a comprar este apartamento», explica.
«El banco y la inmobiliaria lo arreglaron todo», un préstamo de 200.000 euros a pagar en 35 años, 1.300 euros cada mes, pese a que los ingresos de Nelly y su hija mayor no eran elevados, recuerda.
En 2009 ella perdió su trabajo y el de su hija, de 24 años, no alcanza.
Intentaron vender la vivienda, pero tras el estallido de la burbuja inmobiliaria ésta había perdido la mitad de su valor.
Dos plantas más abajo, su vecino Luis Méndez, un guineano de 40 años también amenazado de desahucio, acusa a los bancos de aprovecharse de los inmigrantes.
«Somos extranjeros, no sabemos cómo van las cosas y ellos no explican nada claramente», dice.
En 2008, la crisis en una España hasta entonces boyante dio un vuelco a la situación de muchos inmigrantes, que gracias a un trabajo bien pagado en la floreciente construcción habían podido prosperar y enviar dinero a sus países.
«Esto era como un hormigueo, eran colas y colas de gente que quería mandar envíos», recuerda Magalí, de 34 años, que trabaja desde hace cuatro en este negocio de envío de remesas, donde ahora espera pacientemente a que entre algún cliente.
Con 21,52%, España tiene el récord de desempleo de la OCDE y este porcentaje se eleva a casi 33% en el caso de los inmigrantes.
«La gente está ahogada, así que les toca tomar el retorno voluntario e irse, no les queda otra», afirma Magalí.
En los últimos años el número de inmigrantes en España no ha dejado de bajar. Así por ejemplo, sólo entre julio y septiembre cayó en 3.234 el número de residentes ecuatorianos, en 1.751 los colombianos y en 1.511 los peruanos, según el ministerio de Trabajo e Inmigración.
«Es una pena porque vinimos aquí buscando una salida al futuro, un progresar, persiguiendo un sueño», dice la joven peruana. «Cuando llegué pude ahorrar y pude comprar mi terreno allá y construir», recuerda. «Ahora ya no se puede», reconoce.
La nacionalidad española que algunos obtuvieron entre tanto queda como la última tabla de salvación.
«Tenemos pasaporte español y esto me tranquiliza un poquito, porque podemos ir a vivir otro país de Europa donde las cosas estén mejor», afirma Fabiola Gutiérrez, una colombiana de 37 años que trabaja en un bar del barrio, otrora abarrotado y en el que ahora sobran las mesas vacías.
«Pero eso representaría volver a empezar de cero», concluye.
AFP
