El empresario Luis Álvarez Renta, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, por el caso Baninter, declaró este miércoles al periódico El Nacional que se encuentra gravemente enfermo y que teme que, incluso, pueda morir o quedar inválido de la cintura hacia abajo, debido a que las autoridades han rehusado ofrecer las facilidades para que pueda ser intervenido quirúrgicamente en un hospital público de la Capital.
Álvarez Renta, entrevistado en su celda de la cárcel de Najayo, dijo que ha hecho hasta lo imposible para que las autoridades de la Dirección General de Prisiones le permitan operarse, pero que hasta el momento ha sido imposible.
Explicó que el lunes 5 de este mes se intentó celebrar una audiencia de recurso de amparo incoada con el propósito de que se le autorizara a trasladarse de emergencia al hospital Luis Eduardo Aybar, donde sería sometido una cirugía por el doctor José Joaquín Puello, pero la vista fue suspendida luego que los abogados del Banco Central y de la Dirección General de Prisiones recusaran al juez competente. La operación había sido programada en el hospital público para el 10 de diciembre.
Como resultado de la recusación el Juez actuante, magistrado Eduardo Sánchez Ortiz , declaró cerrada la audiencia hasta que sea decidida la misma por la presidencia de la Corte de Apelación.
Álvarez Renta sostuvo que tiene tres años tratando de lograr que se le autorice esta operación, la cual ya le había sido negada dos veces anteriormente, a pesar de que su dolencia había sido detectada y confirmada por los médicos de la Dirección General de Prisiones.
Indicó que las autoridades han desconocido una recomendación formal presentada al Gobierno dominicano por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que el Gobierno acogió y se comprometió a materializar.
Una comunicación dirigida al Gobierno por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el pasado 18 de octubre, expone que “en atención a la condición de salud del señor Álvarez Renta y al hecho de que se encuentra privado de libertad, la CIDH solicita al Estado dominicano que por razones humanitarias facilite el tratamiento necesario, de acuerdo con lo que dispongan las autoridades competentes”.
En base a esta carta de la CIDH, Álvarez Renta le solicitó al Juez de la Pena de San Cristóbal, y a la misma Dirección General de Prisiones, conformar una junta de médicos escogidos y pagados por el Estado para que dictaminaran sobre su enfermedad y se procediera a actuar de acuerdo a ese dictamen. El Juez de la Pena ordenó que se llevara a cabo lo solicitado, pero la Dirección de Prisiones descartó la orden del Juez.
Fuente:ElNacional
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