Una fuerte controversia rodea los bienes incautados al narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo entre legisladores, autoridades agropecuarias y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta provincia. Mientras unos aspiran a repartírselos como piñata, otros quieren convertirlos en fincas modelos para la producción en invernaderos.



También aspiran a participar en la partición asociaciones de productores, ganaderos y productores agrícolas.

Recientemente el congresista del PLD Roberto Lebrón sometió a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para que el presidente Leonel Fernández autorice que las tres fincas incautadas, de unas 6 mil tareas, sean traspasadas al Instituto Agrario Dominicano (IAD), para que las distribuya entre los campesinos de la zona.



La posición del legislador es respaldada por el director del IAD, ingeniero Juan Rodríguez.

En su última visita a esta ciudad, hace dos años, el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, sugirió construir en la hacienda ganadera Belkis Elizabeth Ubrí una moderna cárcel.

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La opinión del procurador fue acogida por los funcionarios del Ministerio Publico de la provincia y los jefes militares de la tercera brigada del Ejército, porque la cárcel de aquí está sobrepoblada.

Manuel Matos Pérez, vocero de 30 asociaciones de pequeños y medianos agricultores agrupadas en el Comité Agropecuario Unitario (CAU), propuso vender esos predios a campesinos sin tierra que tengan solvencia económica y acceso a financiamientos bancarios, mediante el sistema de renta de terrenos.

La propuesta de Matos Pérez plantea que esos campesinos harían en esos predios una producción a gran escala, usando tecnología moderna y luego recibirían la secta parte de la producción bruta.

Recientemente, el doctor Víctor Matos Pérez, presidente de la Asociación de Ganaderos del Sur (AGASUR), acusó a los funcionarios del sector agropecuario de pretender “quedarse con una de las mejores tierras de Quirino Ernesto Castillo, a través de testaferros”.

“Ellos están presionando para distribuirse en parcelas las fincas de Quirino, a través de terceros”, insistió, pero no identificó a los funcionarios que estarían detrás.

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El dirigente agropecuario se preguntó “¿por qué el Gobierno no arrienda esos terrenos a personas con capacidad económica para que instalen parques de invernaderos y produzcan vegetales con altas tecnologías?”.

Consideró que el mercado de esos productos estaría asegurado a través de la empresa Maguana Tropical, de empresarios de Israel, que comprarían la producción de tomates, ajíes y otros frutos.

Fuente:ElNacional.com.do