El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, refutó las afirmaciones de un medio informativo canadiense que recientemente distorsionó la naturaleza de la relación que mantiene la República Dominicana con Haití, así como de políticas internas normales y regulares en una nación soberana.
En una carta dirigida al periódico The Globe and Mail, en respuesta al editorial titulado «Es Injusto Privar a los Dominicanos Descendientes de Haitianos de su Ciudadanía», el canciller precisa que República Dominicana y Haití mantienen una relación normal, armoniosa y estrecha, características que se extienden a los ciudadanos haitianos que viven y trabajan en el territorio dominicano, en tanto están protegidos en virtud de los mismos derechos que todos bajo la Constitución Dominicana.
Indicó que la investigación y la posible anulación futura, de documentos del registro civil, tales como certificados de nacimiento, de ninguna manera violan los compromisos internacionales de los derechos humanos asumidos por la República Dominicana, si aquellos afectados, tienen derecho a una nacionalidad diferente.
Morales Troncoso expresó que no puede pedírsele a la República Dominicana que cargue con el peso que conllevan los costos humanos y económicos de la grave situación que enfrenta el pueblo haitiano, para lo cual ven como su mejor solución la emigración a la República Dominicana, ni tampoco puede esperarse que asuma las consecuencias de las graves deficiencias que afectan al registro civil de Haití.
Explicó que como país soberano, República Dominicana es libre de determinar su propia ciudadanía y las reglas de migración dentro de los límites establecidos por el derecho internacional.
El canciller aclaró la incorrecta afirmación de que el país ha cambiado recientemente su política de ciudadanía incluyendo la discriminación contra los haitianos con carácter retroactivo.
“La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana ha dictaminado en varias ocasiones acerca del tema de los hijos de inmigrantes ilegales, cualquiera que sea su origen, lo que confirma que si aquellos hijos nacidos de padres legalmente en tránsito, están excluidos de forma automática de obtener la nacionalidad, los hijos de aquellos que no pueden justificar su entrada legal o estancia en el país no pueden beneficiarse de un derecho mayor”, puntualizó.
Señaló que la “apatriación” aquí no está en discusión, pues el artículo 11 de la Constitución haitiana establece que «Toda persona nacida de padre haitiano o madre haitiana, que sean haitianos de origen y que nunca hayan renunciado a su nacionalidad, poseen la nacionalidad haitiana al momento de su nacimiento”.
Agregó que las medidas administrativas implementadas por la Junta Central Electoral Dominicana desde el año 2007, para detectar y corregir el alto número de irregularidades que afectan el Registro Civil, han sido consideradas legítimas por la Corte Suprema.
Resaltó asimismo las imprecisiones de la publicación periodística en lo relativo a la audiencia general convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2011, durante la cual un grupo de Organizaciones sin Fines de Lucro afirmó que la Junta Central Electoral de la República Dominicana no había respondido a su solicitud de información con respecto a 417 casos de personas supuestamente afectadas por las decisiones administrativas de la suspensión de la emisión de nuevas copias de sus certificados de nacimiento, objeto de una investigación de sus documentos.
El ministro de Relaciones Exteriores expuso que a pesar de que estas audiencias deben, por su naturaleza, ser individualmente para cada solicitante presentando casos particulares, la delegación dominicana en la audiencia respondió confirmando que la Junta Central Electoral sólo recibió 120 formularios de expedientes de las ONGs, de los cuales 80 fueron investigados debidamente y respondidos y 20 fueron devueltos por falta de documentación de apoyo.
Informó que la comisión no ha emitido ninguna opinión oficial al respecto, ni sobre la legalidad de la ley dominicana y que la Junta Central Electoral, en cumplimiento de un mandato para investigar presuntas irregularidades en el Registro Civil, ha sometido estas al escrutinio de los tribunales.
