La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Dominicana por la desaparición forzada del periodista Narciso González Medina en 1994 debe incentivar a las autoridades a investigar todos los casos de desaparición forzada en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.
La sentencia ordena al Estado dominicano a seguir investigando la desaparición de Narciso con el fin de establecer la verdad de lo hechos y sancionar a los responsables.
“Un buen primer paso hacia la justicia en la República Dominicana sería el cumplimiento eficaz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Narciso Gonzáles Medina y el inicio de investigaciones en todos los otros casos de desapariciones,” dijo Chiara Liguori, investigadora sobre el Caribe de Amnistía Internacional.
Narciso González Medina, activista y crítico del régimen de Rafael Trujillo (1930-1961), desapareció el 26 de mayo 1994. Antes de su desaparición, Narciso había denunciado los fraudes electorales que supuestamente permitieron la reelección presidencial de Joaquín Balaguer.
Según las conclusiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Narcizo permaneció bajo custodia estatal durante varios días, sufriendo maltratos físicos y psicológicos.
La Corte además, ordenó el pago de indemnizaciones y el tratamiento médico y psicológico a las victimas que lo soliciten. Igualmente, la Corte impuso al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos y a tomar medidas que ayuden a conmemorar la vida de Narciso y su contribución a la cultura dominicana.
Amnistía Internacional ha documentado dos casos recientes de posibles desapariciones forzadas en que las victimas fueron vistas por última vez bajo custodia policial.
Gabriel Sandi Alistar y Juan Almonte Herrera desaparecieron el 23 de julio 2009 y el 28 de septiembre 2009, respectivamente. Ambos estaban sospechados de haber participado en dos secuestros.
La Policía Nacional niega haber detenido a Juan Almonte Herrera, pese a que testigos declaran lo contrario. En el caso de Gabriel Sandi Alistar, la policía reconoció que fue detenido, pero afirma que se escapó cuando estaba bajo custodia.
En ambos casos, las autoridades no han tomado medidas eficaces para establecer el paradero de los desaparecidos ni las eventuales responsabilidades estatales.
