Bogotá. El atentado que dejó dos muertos en Bogotá el martes representa un duro golpe a los esfuerzos de Colombia para cambiar su imagen de país peligroso que durante años le persiguió, coincidieron expertos.
La explosión en un sector muy transitado de Bogotá, cuyo objetivo era Fernando Londoño, ex ministro del Interior en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), provocó de golpe el regreso de la pesadilla de la inseguridad que en los años recientes había quedado relegada a las zonas rurales más apartadas de Colombia, país con un conflicto armado interno de casi medio siglo.
«Ha habido un rebrote de violencia, que hasta ahora había afectado a las zonas apartadas de las principales ciudades. El regreso del terrorismo urbano era solamente una cuestión de tiempo», dijo a la AFP Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia.
Aunque el atentado no ha sido reivindicado y las autoridades se muestran prudentes en señalar responsabilidades, este ataque ocurre en un contexto en el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), aunque disminuidas con respecto a los años 80 y 90, han aumentado sus acciones, especialmente con el uso de explosivos.
Durante el primer trimestre de 2012, los atentados contra la infraestructura aumentaron 57% con respecto al año anterior y los cierres de carreteras por parte de las guerrillas se incrementaron 400%, según la Fundación Seguridad y Democracia.
«El hecho de que este atentado haya sido realizado en Bogotá es una noticia internacional que puede afectar muy negativamente la percepción de la seguridad del país en el exterior», resaltó el experto, al aseverar que «es un retroceso a épocas que ya se creían superadas».
En contraste, el gobierno destaca que Colombia registra en la actualidad la menor tasa de muertes violentas de los últimos 27 años, con 31 homicidios por cada 100 mil habitantes para 2011.
La política denominada «seguridad democrática», de combate frontal a las guerrillas, desarrollada a partir de 2002 por el ex presidente Uribe, del que Santos fue ministro de Defensa, consiguió reducir a la mitad la cifra de guerrilleros de las FARC, que actualmente suman unos 9.200, y empujarlos a las zonas más inhóspitas.
Colombia también logró poner fin a los sangrientos atentados que en los años 80 y 90 cometieron los narcotraficantes, en particular el cartel de Medellín, de Pablo Escobar.
Y entre 2003 y 2006 el gobierno de Uribe adelantó un proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares de extrema derecha), que habían cometido miles de crímenes atroces contra la población civil.
Esos cambios se vieron recompensados hace apenas un mes, durante la VI Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena (norte), cuando Barack Obama fue el primer presidente de Estado Unidos que pernoctaba en Colombia, quedándose dos noches.
«Hace tiempo que Colombia presiona a los diplomáticos occidentales para que cambien el perfil del país en las recomendaciones de viaje de sus cancillerías», comentó un diplomático europeo a la AFP.
«Es como si hubiera dos Colombias. En Bogotá, algunos viven la ilusión de que ya no hay conflicto», dijo.
De todos modos, el lema oficial del gobierno que dice «Colombia: el riesgo es que te quieras quedar» llevaba plomo en el ala desde principios de año, cuando dos atentados de la guerrilla contra estaciones de la policía en el sur del país causaron 15 muertos, la mayoría de ellos transeúntes.
Más recientemente, y en otro golpe a los intentos de promover una imagen de seguridad del país, las FARC capturaron al periodista francés Romeo Langlois cuando la patrulla militar con la que se desplazaba para realizar un reportaje en el departamento de Caquetá (sur) fue atacada por guerrilleros el pasado 28 de abril.
«El caso de Langlois dio una imagen pésima. Fue un golpe duro a la idea de que las autoridades habían retomado el control», comentó a la AFP el politólogo Rubén Sánchez, profesor en la privada Universidad del Rosario.
Pero este analista puso en duda que las FARC sean responsables del atentado contra el ex ministro. «Puede ser un ajuste de cuentas de los paramilitares», que reprochan al gobierno de Uribe haberles extraditado después de su desmovilización.
Sin embargo, más allá de que hayan sido o no las FARC, el atentado no debería incidir en la ya anunciada entrega de Langlois. «La guerrilla está acostumbrada a hacer gestos humanitarios» después de ofensivas, dijo Rangel.
