Violan a uno de cada diez presos en EE. UU.

Casi el 10% de los ex reclusos estadounidenses denunció haber sido violado durante el presidio. La agresión provino tanto de otros reos, como del personal penitenciario.

Estas revelaciones son parte del primer informe especial sobre víctimización sexual en las prisiones (Sexual Victimization Reported by Former State Prisoners) publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU. El informe abarca tanto la situación en las cárceles federales, como en las estatales.

Como base de datos para el documento se usó un sondeo entre los ex reclusos realizado por la Oficina de Estadísticas Judiciales en el 2008. Las autoridades tardaron años en procesar los resultados y ahora sus conclusiones las califican como «inesperadas».

El informe reveló que aproximadamente el 5,3 % de los presos bajo jurisdicción estatal mantuvieron algún tipo de relación sexual con el personal de la penitenciaría. De estos, el 1,2% reconoció haber sido forzado por los custodios. Más del 75 % de los ex prisioneros que denunciaron una conducta inapropiada de sus superiores fueron hombres y se referían al personal femenino.

Entre las víctimas de la agresión sexual ‘reo contra reo’, una cuarta parte fue físicamente dominada o sometida, mientras que otro tanto recibió agresiones físicas. Aproximadamente el 29 % de las víctimas mostró contusiones, ojos morados, esguinces, cortaduras y rasguños, mientras que un 23 % sufrió lesiones más graves e incluso heridas contundentes, como traumas abdominales y fracturas de huesos.
Alerta en los centros de detención de inmigrantes

Mientras que este reporte oficial revela una mala evaluación de la situación en las cárceles estatales, otro informe difundido por la Unión Americana de Libertades Civiles en Estados Unidos resalta la constante infracción de los derechos humanos y civiles en los centros de detención federales de inmigración.

A los inmigrantes ilegales los tratan como reos convictos, afirma el documento. No se les da información de servicios legales, se les niega la atención médica adecuada y se viola su derecho a la confidencialidad en la relación con sus abogados. Se registran casos en que los detenidos fueron forzados a firmar documentos que autorizaban su deportación sin necesidad de tener una audiencia judicial.

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