La existencia de “un Estado que diseña y ejecuta políticas públicas antidemocráticas bajo el palio de un mandato electoral” y de una política que subordina los derechos ciudadanos a “programas de seguridad policiaca propulsados por el miedo y la intimidación”, definen en gran medida la situación de los derechos civiles en Puerto Rico.
Esta es la conclusión del segundo informe de la Comisión Especial para Estudiar el Estado Actual de los Derechos Constitucionales del Colegio de Abogados de Puerto Rico, que fue presentado hoy en San Juan.
El documento consiste de ocho ensayos que tratan igual número de temas y en los que se resumen las ponencias que recibió la Comisión durante las audiencias públicas que celebró en marzo del año pasado.
El presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo, describió el trabajo como “una exposición diagnóstica de la situación actual de deterioro de los derechos civiles en Puerto Rico”.
Al resumir su contenido indicó que “a partir de la determinación de patrones de conducta gubernamental, se apunta la existencia de designios predirigidos para reprimir a la oposición y se recomienda ampliar las vías de estudio para comprender más cabalmente cómo vivimos sujetos a un Estado – es decir, a un gobierno – que diseña y ejecuta políticas públicas antidemocráticas bajo el palio de un mandato electoral y cómo en el país no hay espacios de evaluación ciudadana de políticas públicas, mucho menos de rendición de cuentas, y ni hablar de posibilidades para su delineación colectiva”.
El presidente de la Comisión Especial del Colegio de Abogados, Samuel Quiñones, explicó que “más que denuncias sobre hechos particulares, nuestro trabajo consistió en explorar los problemas desde una perspectiva ideológica más amplia”.
Al comentar los distintos ensayos destacó que uno de los hallazgos principales es que “la situación por la cual atraviesa la comunidad dominicana no es aceptable bajo ninguna justificación moral o jurídica”. Advirtió, partiendo de los testimonios recibidos, que “ahora mismo, la comunidad dominicana es un polvorín a punto de explotar”.
Sobre el ensayo del movimiento obrero, resalta que “se señaló la acción concertada del gobierno para provocar circunstancias que justifiquen la intervención y agresión de la Policía”.
En torno al propuesto gasoducto, indicó que “el informe apunta que constituye una crasa violación de derechos civiles querer transferir a las comunidades del país los riesgos permanentes y las consecuencias de la construcción” de ese proyecto.
El ensayo sobre la comunidad LGBTT, comentó que “los señalamientos incluyen los ataques y provocaciones a integrantes de este sector, cómo no se investigan eficientemente los crímenes de odio contra el mismo, la persistencia de prejuicios que van más allá de las instituciones gubernamentales y el fomento de la invisibilidad de esta comunidad para no tener que proveerles los servicios a los que tienen derecho”.
En torno a la Policía de Puerto Rico, sostuvo que los hallazgos del informe apuntan a que, además de la justificación de asesinatos de civiles en aras de que los oficiales actuaron en defensa propia, no se investiga la validación de dicha justificación, no existe un sistema de fiscalización adecuadas de las actividades de la Policía y que los actos de abuso de poder por dicho cuerpo paramilitar no han sido recientes, sino históricos”.
Otro de los ensayos trata sobre la situación de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y, según Quiñones, el informe expone “una disonancia patente entre el discurso oficial de defensa de la democracia y el empleo de técnicas de corte fascista para reprimir las voces de crítica”.
El trabajo también incluye un ensayo sobre las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos que concluye que “el notable deterioro reciente del respeto a los derechos civiles está asociado al agotamiento del modelo económico colonial”.
Fuente: Elnuevodia.com
