San Cristóbal. La empresa de telecomunicaciones Tricom ha sido impedida, en más de una ocasión, de realizar los trabajos de construcción de su red de fibra óptica y cable coaxial en el municipio de San Cristóbal. Agentes de la Policía Municipal, que de forma arbitraria y sin ningún aval o fundamento legal que los justifique, se han presentado con estos fines en varias localidades en las cuales la empresa se encontraba colocando postes y cables para llevar los servicios de telecomunicaciones de la compañía a dicha comunidad.
Tricom cuenta con la debida aprobación y documentación por parte del Consejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, que mediante resolución del 4 de mayo pasado, actuando conforme a las atribuciones que le reconoce la Ley No. 176-07 para aprobar los usos de suelo, autorizó a la empresa a instalar 41 postes en la autopista Sánchez, 940 en el municipio de San Cristóbal y el cableado de las redes.
No obstante mostrarles a los agentes de la Policía Municipal las copias de los permisos otorgados a favor de Tricom, se procede a impedirles realizar los trabajos, limitándose a informarle a la empresa que responden a instrucciones directas, verbales e informales del Alcalde, quien se ha negado, a pesar de haber agotado Tricom todas las vías posibles, a ofrecer una explicación de las instrucciones impartidas en su perjuicio.
Al ser consultada la fuente de información de Tricom, la Sra. Liza Arzeno informó que esta arbitrariedad evidencia el irrespeto del Alcalde a la institucionalidad, pues desprovisto de autoridad legal y poder jurisdiccional, impide en violación a la Constitución, la Ley Municipal y las resoluciones del Consejo Municipal, los trabajos que realiza la empresa, motivo por el que mañana jueves la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, en sus atribuciones de referimientos, conocerá una demanda interpuesta por Tricom. La misma será conducida a través del abogado Julio Cury, en cesación de la turbación manifiestamente ilícita de que ha sido víctima la empresa.
