Costa Rica despertó con las imágenes de un video íntimo de la viceministra de Juventud y Cultura, Karina Bolaños, en ropa interior que se repetían sin cesar por las redes sociales.
El escándalo no tardó en difundirse de forma viral en internet, pero la polémica se acrecentó cuando la presidenta, Laura Chinchilla, decidió la destitución inmediata de Bolaños.
«Si bien las informaciones que han circulado están estrictamente relacionadas con la vida privada de Bolaños, y no con su quehacer como funcionaria pública, la separación de su cargo se dará para que ella pueda enfrentar este caso desde el ámbito privado», informó el ministro de Cultura, Manuel Obregón en un comunicado.
Las reacciones no se hicieron esperar.
«Creí que iba a tener más apoyo» dijo Bolaños en entrevista con la cadena CNN y agregó que «el trabajo no debe medirse por cuestiones que son de la vida íntima y personal».
Razones
Más tarde, en un nuevo comunicado, el ministerio de Cultura explicó las razones de su retiro y dijo que los acontecimientos podrían «debilitar los importantes programas a su cargo y distraer los necesarios esfuerzos que se requieren para impulsar las distintas políticas públicas en la materia».
Aunque algunos incidentes similares se han registrado en la esfera política de otros países, en general las consecuencias han sido distintas.
«Eso sucede en muchos países del mundo, cuando un servidor público enfrenta un procedimiento de cualquier índole -civil, mediático, inclusive de índole penal- muchos funcionarios prefieren retirarse de su cargo mientras enfrentan dichas acusaciones. Pero en este caso se le destituyó. Ella no pidió la licencia», explica a BBC Mundo Elisa de Anda, maestra en derecho internacional por Harvard.
Nada de qué avergonzarse
En la única entrevista otorgada por Karina Bolaños sobre el tema, la exviceministra relató que el video fue grabado por ella misma en 2007.
«Me da mucha pena con el pueblo de Costa Rica y los jóvenes que represento, pero el video no tiene nada de qué avergonzarme», explicó.
Además, aseguró que las imágenes fueron robadas de su computadora por un ingeniero informático, quien la ha extorsionado «desde hace mucho tiempo». Sin embargo no reveló el nombre por falta de pruebas.
«Respeto la decisión de doña Laura (Chinchilla) pero como mujer tenía derecho a defenderme», expresó Bolaños en declaraciones a la cadena estadounidense CNN.
De Anda, coincidió en que el estado no brindó el apoyo necesario a la funcionaria.
«El gobierno debería hacer un pronunciamiento sobre esta violación y proteger su derecho (a la privacidad). Y sin embargo estamos viendo que no hay tal declaración, que no hay tal acción por parte del estado por proteger su intimidad y por el contrario se le destituye», explicó en entrevista con BBC Mundo.
Además insistió en que Bolaño fue tratada como culpable cuando en realidad se trata de una víctima.
«En ese sentido quien violaría (su derecho a la privacidad) es quien distribuye este video en internet», dice De Anda.
La experta además recordó que el derecho a la vida privada es reconocido a través de muchas convenciones internacionales, incluida la Constitución de Costa Rica.
Interrogantes
Luego de que la noticia y el video fueran reproducidos por una gran cantidad de medios internacionales, el debate se acrecentó en redes sociales y medios de comunicación.
«Lo que están cuestionando es que por qué no ha actuado con la misma celeridad en otros casos donde se ha cuestionado la ética y la probidad de miembros de su equipo de gobierno», dice Segnini.
Para algunos, las razones de una reacción de tal magnitud podrían tener más que ver con el momento político que se vive en Costa Rica.
«Ocurre en un contexto en el que su imagen está en su punto más bajo, de hecho uno de las más bajos en la historia de cualquier otro presidente en el país, donde se le ha cuestionado por su falta de firmeza a la hora de tomar decisiones, por su falta de determinación a la hora de despedir miembros de su equipo que han sido cuestionados», explica Segnini.
Otros de los argumentos que rápidamente entró en el debate es el que cuestiona si el asunto hubiera sido tratado de forma distinta en caso de que el afectado fuera un hombre –y no una mujer.
Pero no todos los expertos creen que existan elementos para hablar de una discriminación por género.
«Creo que no hay elementos para determinar que sea una cuestión de discriminación por género. Para que nosotros pudiéramos hacer un análisis si hay o no una discriminación por género tendríamos que tener un caso similar, bajo las mismas reglas en Costa Rica con el que pudiéramos compararlo. De otra forma se vuelve especulación», concluye De Anda/bbcmundo
