España cobrará a países de origen la asistencia médica de los ‘sin papeles’

MADRID. España seguirá atendiendo en su sistema público de salud a los inmigrantes en situación irregular, pero dicho tratamiento será facturado a sus países de origen cuando exista un convenio bilateral que lo permita, afirmó este viernes el ministerio de Sanidad.

Esta medida, que ya se aplicaba a las personas de paso por España, se extenderá también a los inmigrantes sin papeles que beneficiaban hasta ahora del servicio de salud pública español por el simple hecho de vivir en el país, explicó a la AFP una portavoz del ministerio.

«Para las personas que tenían antes tarjeta sanitaria y ahora no la tengan, el tratamiento se les facturará a sus países», precisó.

La medida se aplicará así a los países europeos «y también cuando existen convenios bilaterales como por ejemplo con Ecuador o con Marruecos», agregó.

Hasta ahora, los inmigrantes podían obtener la tarjeta de acceso a los servicios médicos españoles con un simple empadronamiento.

Pero en el marco de las políticas de austeridad para reducir el déficit público, el gobierno conservador de Mariano Rajoy decidió endurecer estos requisitos.

Así, a partir del 1 de septiembre, los inmigrantes irregulares sólo tendrán acceso gratuito a la atención de pediatría, a la asistencia al embarazo y a los servicios de urgencias.

Varias asociaciones de inmigrantes se rebelaron contra esta medida, así como numerosos médicos, más de mil de los cuales se declararon «objetores de conciencia» afirmando que continuarán atendiendo a los inmigrantes sin papeles.

En respuesta a este malestar, el ministerio de Sanidad anunció esta semana que trabajaba en la creación de sistemas de pago que permitan, sobre todo a los no europeos, «ser recibidos en el sistema público» de salud.

Así, a las personas originarias de países con los que no existan convenios bilaterales o que «no esté cubiertas por el sistema de aseguramiento de su país, se les cobraría a ellos o a su seguro privado», precisó este viernes la portavoz.

Difícil de calcular, la cifra de irregulares en España fue estimada en unas 500.000 personas por varios medios.

AFP