Santo Domingo. Luego de intenso debates, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto que regula el comercio y exportación de desperdicios de metales, chatarras y desechos de cobre aluminio y sus aleaciones, mediante el establecimiento de un registro nacional de exportadores. La iniciativa contó con el voto favorable de 94 legisladores, 9 en contra y 37 decidieron no votar, por la pieza pasa ahora al Senado para su estudio y sanción.
Previo al sometimiento del proyecto al pleno, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez le tumbó el pulso al vocero del bloque del PLD, Gustavo Sánchez, y a otros legisladores quien pedían que en la pieza se estableciera cinco año a las empresas para que se preparen para procesar la batería en el país, en vez de un año como se contempla en el artículo 3 de la iniciativa.
Tras dos horas de debates, durante la votación el PRD se dividió, porque una parte llamaron a votar por la extensión de cinco años y otros que se votara por el proyecto original.
Martínez al agotar un turno anotó que la pieza era esperada por la sociedad dominicana porque concitó el respaldo y reclama la población.
“Es un deber, una obligación que la comisión investigue, produzca estudios y escuche a los sectores y enmienda a los proyectos, y respaldo que la comisión haya establecido un año a partir de la promulgación de la ley para que se las empresas se preparen dedicada al negocio de la baterías”, apuntó.
Estimó que las empresas aptas para reciclar batería deben ser protegidas por las leyes, porque protegen el medio ambiente, la ciudadanía, al país, “pero no debemos votar pensando en marca, en empresa o una batería en particular. Un año es suficiente para que esas empresas se preparen, pues en otras naciones solo les dan seis meses”.
Advirtió que en particular no les intimidan las críticas que se vierten contra los diputados porque trabajan para el país, precisando que ese proyecto se discutió ampliamente, por lo que dijo tenía confianza en los 15 miembros de la Comisión que firmaron todo el informe.
Sánchez, vocero del bloque del PLD, retiró la propuesta que había sometido, parea que se eliminara el artículo 3, y que había propuesto el reformista Marino Collante.
Cristian Paredes, se opuso a que se aprobara el proyecto que busca regular el comercio y exportación de desperdicios de metales, chatarras y desechos de cobre, aluminio, alegando que fue excluida la prohibición de batería desechable y plomo.
Agregó que incluir en el proyecto de que la República Dominicana no puede sacar el plomo a los países era una barbaridad.
“Parecería que este Congreso es el Congreso de los Estados Unidos y no de la República Dominicana, los legisladores están llamados a defender los intereses de los dominicanos y sobre todo la salud de nuestro ciudadano”.
Añadió que en medicina uno de los metales más dañino que hay es el plomo, porque produce intoxicaciones, retraso mental, convulsiones en los menores, mal formaciones congénita en las mujeres embarazadas y un dolor terrible en los huesos.
El legislador Radhamés Fortuna, pidió al hemiciclo que votaran para que el proyecto volviera a la comisión para escuchar otros sectores y posiciones.
También hablaron Giovanni Tejada, y consideró como un desatino prohibir la exportación de batería desechable, y sugirió que debía ser aprobado como originalmente lo introdujo su autor Carlos Cabriel García.
Pelegrín Castillo, planteó que el proyecto debe ser más amplio y debe incluir otros metales, y pidió que el proyecto retornara a la comisión.
Pedro Carrera dijo que el proyecto de García se desnaturalizó, y acusó a la industria Meteoro de llevar la desgracia al sector “Paraíso de Dios” en Haina, donde depositó baterías viejas, provocando contaminación y lesiones a niños y adultos en el lugar.
Guillermo Ramos García, dijo que el proyecto original era sano, pero que lo contaminaron al introducir el artículo 3, “que ha sido la bomba par que el país no pueda importar el plomo de batería, metal que afecta la salud de niños y adultos”.
Carlos Gabriel García, autor de la iniciativa deploró que al Congreso se llevará un debate de intereses de empresarios y particulares. “No es cierto que los diputados defienden intereses personales o particulares y echen a un lado el interés nacional”.
“De lo que se trata es que se exporte el plomo del país, y los que se dedican a exportar metales están sacudiendo las batería en los patios, contaminando las aguas y el medio ambiente, para llevarse el plomo”.
Dijo que el propósito del proyecto es que se exporte mediante tecnología el plomo y denunció que los que hoy protestan y se rehúsan a que la batería sean exportadas fueron los que promovieron el artículo.
Magda Rodríguez, dijo que como médico, la comisión no escuchó al Ministerio de Salud, y pidió que la iniciativa volviera a la comisión para consensuar.
Ramón Rogelio Genao, vocero del bloque del PRSC, precisó que lo ideal sería es que el país no exporte metales y que hayan industria para procesar los metales, mientras Víctor Bisonó (Ito) abogó porque se respeten los acuerdos internacionales a la hora de aprobar el proyecto.
Héctor Féliz criticó que en el proyecto no estableciera un considerando que explique el porqué de se prohíben las exportaciones de las baterías viejas.
Marino Collante, planteó la eliminación del artículo 3 del proyecto original, y se extienda a cinco años el plazo para que las empresas se ponga al día para competir en el mercado.
Rafael Abreu, dijo que como San Cristobalense, “tierra del ilustre y brillante Trujillo”, provocó un alboroto y protesta de los diputados, que pedían que retirara el elogio, y dio que apoyaba el planteamiento de su colega Collante.
Gustavo Sánchez, vocero del bloque del PLD, dijo que debido a que el Estado no ha podido controlar el robo y el vandalismo que se ha tenido con los metales, protectores y vallas de puentes, tapas de hidrantes, cables extensores de puentes y alambre eléctricos”.
El vocero del PLD propuso el retiro de las propuestas y se eliminara el artículo 3 del proyecto que prohíbe en el primer año de promulgación la exportación de pilas, baterías, y se extendiera a cinco años.
Fuente El Nuevo Diario
