Santo Domingo. El procurador general Francisco Domínguez Brito manifestó este jueves que los casos de los senadores Amable Aristy Castro y Felix Bautista, en contra de los cuales pesan varias querellas, son “emblemáticos” y reflejan “enriquecimiento ilícito”.
Declaró que “en modo alguno” deberían producirse medidas oficiales que limiten o entorpezcan las investigaciones y acusaciones en torno a los mismos.
El funcionario dijo que el sistema de justicia de la República Dominicana debe ser capaz de actuar con la debida firmeza y fortaleza, como para impulsar «un nuevo régimen de sanción y de no impunidad en los casos de corrupción».
Expresó que el caso del Plan Renove, durante el gobierno del ex presidente Hipólito Mejía, fue uno de los casos más emblemáticos en donde un concierto de ministros participó en un fraude de más de mil millones de pesos en perjuicio del Estado.
«En ese momento la justicia no actuó conforme a las circunstancias requeridas y el conocimiento de ese caso, más que un instrumento en contra de la impunidad, fue un gran estímulo para la misma», dijo en una declaración escrita, remitida al periódico digital Almomento.net.
«Hoy la justicia se encuentra frente a dos casos emblemáticos, donde más que indicios y presunciones, reflejan enriquecimiento ilícito, como son los casos de los senadores, Amable Aristy Castro y Félix Bautista y donde en modo alguno deberían producirse medidas que limiten y entorpezcan las investigaciones y acusaciones», indicó.
“Esperamos que no tengamos que encontrarnos con obstáculos que permitan una investigación seria y objetiva. No podemos permitir que situaciones o compromisos personales, políticos o de otra índole, impidan al sistema de justicia aplicar sanciones ejemplares en los casos que proceda”, agregó..
Expresó preocupación por los casos presentados por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que a su juicio “nada tienen que ver con las actuaciones que seguirá el Ministerio Púbico.
De forma reiterativa, el máximo representante del Ministerio Público aseguró que el país “no merece que quienes hacen uso de los fondos públicos para su provecho personal, puedan y permanezcan en total estado de impunidad”.
