La máxima corte de Justicia de Brasil rechazó hoy una petición de la Fiscalía para que sean enviados inmediatamente a prisión los condenados en el llamado «juicio del siglo», en que se juzgó un escándalo de corrupción que puso en jaque al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en 2005.
El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el magistrado Joaquim Barbosa, consideró improcedente determinar la inmediata ejecución de las penas debido a que, como la sentencia aún no ha sido publicada, los condenados aún pueden presentar recursos.
Según el magistrado, los arrestos sólo podrán ser ordenados cuando la sentencia sea publicada, lo que se prevé para dentro de dos o tres meses, ya que tan sólo en ese momento estarán agotadas todas las instancias a las que pueden apelar los reos, segun noticias.terra.c
El juicio concluyó el pasado lunes con la condena de 25 políticos y empresarios acusados de integrar una red de corrupción que pagó sobornos a congresistas dispuestos a respaldar las iniciativas legislativas del Gobierno de Lula en el Parlamento.
Once de los condenados tendrán que purgar su pena en la cárcel debido a que sus sentencias suman más de ocho años por lo que el Procurador General de la República, Roberto Gurgel, pidió el miércoles que el STF ordenara su inmediato arresto.
Entre los condenados que podrían ser encarcelados estaban el exministro de la Presidencia José Dirceu, que durante muchos años fue considerado la mano derecha de Lula, y el destituido diputado Joao Paulo Cunha, importante dirigente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
La petición del fiscal fue analizada en los dos últimos días exclusivamente por Barbosa debido a que la justicia entró en receso de fin de año.
En una decisión divulgada a comienzos de la tarde, Barbosa calificó como «improcedente el inicio de la ejecución penal» antes de que el juicio pueda considerarse como totalmente concluido por la falta de publicación de la sentencia.
El magistrado admitió que los condenados ya no pueden presentar recursos ante juzgados de primera ni de segunda instancia pero sí pueden hacerlo ante el STF.
Pese a considerar tales recursos ante la máxima corte como «atípicos y totalmente excepcionales», el magistrado admitió que el tribunal aún puede introducir modificaciones en la sentencia.
«Hay que destacar que, hasta ahora, no hay dados concretos que permitan determinar la necesidad de que se ordene la detención provisional de los reos, los cuales, aun responden al proceso en libertad», admitió el presidente del STF en su decisión.
Barbosa recordó que la máxima corte ya adoptó medidas para impedir que los condenados salgan del país, como la retención de sus pasaportes.
Tras conocerse el fallo de Barbosa, el fiscal Gurgel expresó su respeto a la decisión de la corte, pero manifestó su «temor» a que pase demasiado tiempo antes de la aplicación de la sentencia.
De los 25 condenados en el juicio, once tendrán que cumplir penas en prisión y once en régimen semiabierto, por el que tendrán que dormir en la cárcel y podrán salir de día.
Los otros tres recibieron penas que pueden ser sustituidas por sanciones alternativas.
La posibilidad de que Barbosa ordenara la prisión inmediata de los condenados generó una crisis institucional debido a que el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Maia, afirmó que le ofrecería una especie de asilo en el Congreso a los parlamentarios contra los que fueran dictadas órdenes de arresto.
«Según la Constitución, un diputado en el ejercicio de su mandato sólo puede ser encarcelado si es detenido en flagrante o si ha sido condenado y no quedan más recursos», dijo Maia en una rueda de prensa en la que se refirió al caso de tres condenados que ocupan escaños en la Cámara de Diputados.
Pero esta tarde, Maia alabó la decisión de Barbosa, que calificó de «equilibrada» y dialogante con lo previsto en la Constitución, y descartó que haya una «crisis» con el poder judicial por el juicio del siglo.
El proceso, que comenzó el pasado 2 de agosto y se prolongó durante 53 sesiones, declaró culpables a 25 de los 38 acusados y los condenó a penas de cárcel que suman 279 años.
