Fue ingresado anoche en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT) el empresario de origen árabe Karim Abu Naba’a, para ser sometido a estudios médicos tras sufrir un mareo en la cárcel de la Fiscalía del Distrito Nacional y que el personal médico que le atendió atribuyó a problemas de presión arterial.
El empresario llegó a las instalaciones de CEDIMAT a las 8:30 p.m. acompañado de un contingente policial y de inmediato fue recibido por el personal médico del centro.
Abu Nada’a será sometido a estudios que requerirán su internamiento en CEDIMAT, dijo uno de los médicos que le atendió. Agregó que el paciente tiene una placa de metal en la cabeza, que se le colocó en su adolescencia tras sufrir un accidente.
Abu Naba’a fue evaluado anoche por un médico legista de la Fiscalía del Distrito Nacional. Su traslado al Cedimat se hizo luego de una reunión con la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
Ayer el abogado Miguel Valerio esperaba en el Palacio de Justicia que la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ejecutara la libertad a su defendido Karim Abu Naba’a, quien llegó a un acuerdo económico con la pareja de esposos Henry Báez García y Jennifer Cabrera, que lo acusaban de amenaza de muerte, hecho por el cual el tribunal le impuso prisión preventiva de dos meses.
Sin embargo, no se ejecutó la libertad, lo que el abogado atribuyó a burocracias judiciales, por lo que su defendido tendría que esperar al día 2 de enero para obtener su libertad.
Para el retiro de la querella, Abu Naba’a tuvo que cumplir con el compromiso económico que había contraído por la venta de un cuadro del pintor Iván Tobar, valorado en US$50 mil.
De acuerdo al Periódico Hoy, la venta del cuadro se acordó en US$69,000.00 el 6 de enero de 2010, pero ya el acusado había hecho unos pagos al querellante. Denunció que quienes sometieron a su cliente “por casos netamente comerciales” están buscando dinero. “El abogado Gustavo Mejía Ricart, que lo acusa de intento de homicidio exige el pago de RD$400 millones.
