El gobierno de Cuba tendrá la facultad legal de prohibir la salida del país de una persona por razones de “interés público” cuando entre en vigor la reforma migratoria el lunes, atribución que prominentes disidentes temen que se aplique contra ellos de forma arbitraria.
“Me han negado el permiso diciéndome abiertamente que no puedo viajar (…) y en otros casos lo que hacen es darme la callada por respuesta”, dijo a la AFP el veterano disidente, Elizardo Sánchez, un escéptico de la nueva ley migratoria.
La solicitud para obtener pasaporte, único requisito para salir del país, puede ser rechazada a un cubano “cuando por otras razones de interés público lo determinen las autoridades facultadas”, según la nueva ley migratoria.
Las autoridades cubanas justifican esta disposición que puede limitar el derecho a algunas personas en nombre del bienestar de la “mayoría”.
“Son razones que tiene el Estado, razones de la mayoría, las regulaciones que se tomen en beneficio de la mayoría, aunque algunas personas puedan sentirse limitadas en sus derechos”, dijo a la televisión el segundo de Inmigración y Extranjería, coronel Lamberto Fraga.
“Desde el punto de vista del Derecho Administrativo y desde el punto de vista de la doctrina jurídica, son disposiciones abarcadoras de los intereses fundamentales de los intereses mayores del Estado y de los intereses de la población”, añadió.
Elizardo Sánchez, quien encabeza la ilegal aunque tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, considera que “la nueva ley migratoria sigue siendo esencialmente discriminatoria y persiste la violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” sobre el libre movimiento de las personas.
“A todas luces el Gobierno va a mantener una política discriminatoria con aquellas personas que no son partidarias del Gobierno o que no aplauden sus políticas”, añadió el activista.
Algunas veces, Sánchez y otros disidentes, como el fallecido Oswaldo Payá, Elsa Morejón (esposa del ex preso político Oscar Elías Biscet), Héctor Palacios y su esposa Gisela Delgado, han viajado con autorización y regresado a Cuba, pero en otras ocasiones las autoridades les condicionaron el permiso de viaje a una salida definitiva o les dieron largas sin respuestas concretas.
Toda oposición es ilegal en el único país comunista de Occidente, donde el gobierno considera a los opositores como “mercenarios” al servicio de Estados Unidos, aunque en el último tiempo ha suavizado el trato hacia ellos: un inédito diálogo entre el presidente Raúl Castro con la Iglesia Católica condujo a la excarcelación de 130 presos políticos en 2010 y 2011.
El economista, Oscar Espinosa Chepe, uno de los 75 disidentes condenados a altas penas en 2003 y excarcelado con licencia extrapenal por motivos de salud, dijo que la última vez que solicitó autorización para viajar al exterior con su esposa, Myriam Leiva, en octubre de 2010, las autoridades le condicionaron la entrega del permiso de salida a que no regresará.
“Ellos me dijeron que sí podía viajar, pero la condición era no regreso a Cuba y eso fue lo que no acepté”, relató Espinosa Chepe a la AFP.
El economista también cree que no lo dejarán viajar una vez que entre en vigor la nueva ley, en virtud de que él se encuentra libre con “licencia extrapenal” (libertad condicional) desde que salió de prisión en 2004.
Indicó que a veces una táctica de las autoridades es dilatar la respuesta a los opositores que han pedido permiso para viajar. “Que yo sepa a nadie le dicen que no, pero lo mandan a volver una y otra vez”, dijo.
La bloguera opositora, Yoani Sánchez, cuyas tentativas de viaje han sido negadas por las autoridades una veintena de veces, publicó esta semana varios mensajes expresando su incertidumbre en la red social Twitter.
“Oscilo entre la esperanza y el escepticismo, como tantos otros cubanos”; “mi maleta sigue lista para un viaje CON RETORNO! Podré ir?”, “estaré en la lista de los que no pueden viajar? Cuántos otros también?”, son algunos de sus recientes tuits.
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