Santo Domingo. Las autoridades de la República Dominicana deben nombrar un Defensor del Pueblo de manera urgente, dijo hoy Amnistía Internacional junto a 17 organizaciones de derechos humanos del país en el décimo segundo aniversario de la adopción de la ley que creó esta figura institucional.
Varias agrupaciones dominicanas de derechos humanos hoy harán entrega al Presidente de la República de cientos de peticiones de ciudadanos de la República Dominicana y de otros países del mundo para el establecimiento de la oficina del Defensor del Pueblo.
“Por culpa de los intereses partidarios y de la inacción de las autoridades, los que sufren abusos de derechos humanos en la República Dominicana han sido privados de los mecanismos de recursos que el Defensor del Pueblo podría ofrecer,” dijo Chiara Liguori, investigadora sobre la República Dominicana de Amnistía Internacional.
“La figura del Defensor del Pueblo no tiene que ser vista como una imposición internacional. Somos nosotros los Dominicanos que lo consideramos tan imprescindible porque facilitaría la denuncia e investigación de abusos a los derechos humanos en el país, dijo Manuel Mercedes Medina, Presidente de la ONG Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”
Un número de autoridades dominicanas se comprometieron a crear la oficina – incluyendo ante las Naciones Unidas.
El presupuesto 2013, adoptado en diciembre por el Congreso, incluye un capitulo para el Defensor del Pueblo, aunque lo que fue aprobado representa la mitad de lo que estaba inicialmente previsto.
“El pueblo dominicano merece un defensor que sea independiente, con amplia trayectoria y conocimiento profundo del sistema de protección y promoción de los derechos humanos, con manejo del enfoque de género,” dijo Chiara Liguori.
En septiembre 2012 la CNDH presentó al Presidente de la Suprema Corte una petición solicitando que cumple con su mandato constitucional, que le confiere la autoridad de nombrar el Defensor del Pueblo frente a la inacción del Congreso. En una reunión que tuvo con una delegación de Amnistía Internacional y de la CNDH, el Presidente de la Corte Suprema se comprometió a estudiar la solicitud.
