Una mujer de 56 años que quedó parapléjica hace 25 cuando la atropelló un autobús del Estado solicitó al presidente y a la vicepresidenta de la República que le permitan tener un empleo digno para poder cubrir sus necesidades de alimentación y salud.
Olga Berroa estuvo trabajando hasta el 3 de enero, cuando la cancelaron del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), donde laboraba desde 2001. Pidió al Primer Ejecutivo que evalúe su caso ya que la cancelaron injustificadamente. Dijo que realizaba todos las labores que le asignaban sumado a los que hacía por voluntad propia y está dispuesta a que le asignen nuevas tareas si es necesario.
En visita a El Nacional Berroa mostró los documentos que certifican que el vehículo que la chocó el 14 de julio de 1987 era propiedad de la ya desaparecida Oficina Nacional de Transporte Terrestre (Onatrate), y que éste carecía de seguro y de freno. En ese momento culminaba sus estudios de administración en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pero no pudo hacer el monográfico por las dificultades económicas y de movilidad que le causó el accidente.
En medio de lágrimas se quejó de que las actuales autoridades del Conadis consideran que ella cobraba un sueldo que no merecía. “Los minusválidos no sólo luchamos con las barreras arquitectónicas, sino contra los estigmas. Muchos creen que los minusválidos nos valemos de que estamos en silla de ruedas para que nos den cosas”, lamentó.
“Yo me estaba preparando para romper el círculo de la miseria y lo que hago cada vez es envolverme más y más”, dijo tras explicar que necesita trabajar porque no tiene ningún familiar que la ayude.
Berroa, residente en San Cristóbal, se quejó de que el Estado le niega de vivir dignamente cuando fue el mismo Estado que la dejó parapléjica.
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