Reportaje de Yokauris Vásquez para Dominicanoshoy.com
El poder que le otorgó el presidente Danilo Medina a funcionarios autorizándolos a negociar con un grupo de personas, que durante 16 años el Estado dominicano ha perseguido en justicia por haberse constituido en asociación de malhechores, prevaricando, usurpando funciones y falsificando títulos para adueñarse de terrenos que no les pertenecen en el área protegida de Bahía de las Águilas, se está “validando un robo” y crea un procedente “nefasto” en la República Dominicana.
Así lo entienden Max Puig, exministro de Medio Ambiente, y el biólogo Luis Carvajal, quienes advierten que Medina se manchará si permite repartir y privatizar el área protegida.
Sin embargo, el Gobierno dominicano garantizó este jueves que no tocará ni una sola pulgada del área de Bahía Las Águilas, aclarando que donde se pretenden construir habitaciones hoteleras es en el litoral comprendido entre Pedernales y La Cueva.
El Gobierno
En rueda de prensa en el Palacio Nacional, la comisión designada por el presidente Danilo Medina para recuperar 68 parcelas explicó que Bahía de las Águilas en lo absoluto será tocada, ya que forma parte de los espacios salvaguardados del país y como tal será preservada: ”Para que la población pueda disfrutar de su biodiversidad”.
Esta comisión, además, anunció que el Estado ha acordado con los propietarios de los terrenos que se les pagará el valor del 45% de los terrenos, mientras el Estado se queda con el 55% y será administrado por un fideicomiso.
Mediante la transacción se establece, asimismo, que: “Los titulares de derechos registrados que no deseen ingresar al régimen, podrán conservar sus derechos mediante el pago, en manos del Estado dominicano y del Instituto Agrario Dominicano, del monto a que asciende la proporción del 55%”.
El ministro de Turismo, Francisco Javier García Fernández, explicó que Medina tomó la decisión puesto que el desarrollo turístico de la región sur es su prioridad: “No puede esperar cuarenta o cincuenta años que podría durar la litis».
García Fernández dijo que hay una empresa norteamericana que tiene depositados en banco 1,100 millones de dólares para ser invertidos en la zona tan pronto solucionara la situación: “Se adopta la fórmula de fideicomiso, porque esta ha demostrado constituir un excelente mecanismo para el desarrollo de proyectos de interés colectivo, a cargo de una institución altamente regulada para que actúe como gestor y árbitro de los distintos intereses envueltos”.
De su lado, Bautista Rojas Gómez, ministro de Medio Ambiente y miembro de esta comisión, afirmó que no se tocará “ni una pulgada de las zonas protegidas” y que Bahía de las Águilas será totalmente excluida de la transacción.
En tanto que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, expuso que el Gobierno comprará solo a las personas que tengan títulos de propiedad otorgados por el Estado y que los propietarios que no quieran firmar este acuerdo seguirán en litis judicial o el Poder Ejecutivo podría declarar de utilidad pública dichos terrenos.
Pina Toribio señaló que el arreglo es una forma de que el sistema jurídico dominicano se organice y ponga un fin definitivo a los conflictos: “Para escoger la institución financiera que tendrá a su cargo el fideicomiso se convocará una licitación, una vez sea aprobado por el Tribunal Superior de Tierra el acuerdo entre las partes”.
De acuerdo con el funcionario, el dinero que obtendrá el Estado será utilizado exclusivamente en el plan que llevará el Ministerio de Turismo para la inversión en obras de infraestructura que garanticen que los terrenos puedan ser interesantes para los inversionistas en proyectos turísticos.
“Los fondos percibidos por el Estado serán destinados a la ejecución de planes de desarrollo y obras de infraestructuras de la Región suroeste del país, en el marco de las políticas, planes y proyectos definidos”, precisó.
Reveló que desde 1997, el Estado inició acciones para anular una serie de certificados de títulos o actos de ventas de los terrenos aledaños a Bahía de las Águilas.
Oposición
El doctor Max Puig denunció como ilegítimo y contrario al interés nacional el poder especial número 7-13, que le otorgó el presidente Danilo Medina al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, y afirma que llegar a acuerdos con los inculpados es un mal augurio y convierte al Gobierno en cómplice, al renunciar a sus obligaciones de preservar los bienes de la nación y perseguir a los delincuentes.
Recordó que hace siete años, cuando se desempeñaba como titular de Medio de Medio Ambiente, denunció públicamente a un grupo de legisladores que pretendía modificar la ley de áreas protegidas para eliminar algunas de éstas y beneficiarse de un fabuloso negocio inmobiliario antiético e ilegal, en detrimento del pueblo dominicano.
En tanto que el biólogo Luis Carvajal, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), señaló que: “Lo que ha hecho el Gobierno es validar un robo. Es una decisión totalmente desafortunada, con vicios de ilegalidad y crea un precedente nefasto para un concepto del que se quiere hablar aquí, la seguridad jurídica.
“El hecho de que personas muy influyentes tengan interés de invertir en la zona es lo único que puede explicar, primero, que se pase por encima de decisiones judiciales; segundo, que se ignore la Constitución, la Ley 64-2000 y la Ley 202-2004”.
Para el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el poder especial otorgado por el Presidente, a fin de que funcionarios concierten y firmen acuerdos con las personas que poseen títulos de propiedad de los terrenos de Bahía de las Águilas, adquiridos de manera fraudulenta, es una aberración que debe ser rechazada por todas las organizaciones del país.
