Santo Domingo. El controversial expediente de Bahía de las Águilas, que fue destapado en marzo de 1997, a raíz de la instrumentación de cargos por falsedad, prevaricación, desfalco, asociación de malhechores y estafa en contra de 29 personas, cierra una larga litis judicial con un acuerdo que comprende poner fin a los procesos, tanto penales como civiles que se encuentran abiertos en los tribunales actualmente.
En el reportaje elaborado por Federico Méndez y publicado en Diario Libre destacan que esta semana será decisiva para que todas las partes firmen el acuerdo a que arribó el Gobierno en el caso Bahía de las Águilas, y sean apoderados los tribunales de los retiros de las acciones penales y civiles que contempla el pacto.
La parte penal fue iniciada el 18 de marzo de 1997, cuando el entonces director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Wilton Guerrero -actual senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Peravia-, apoderó a quien fuera el procurador General de la República, Abel Rodríguez del Orbe, de una querella formal en contra del ex director de esa entidad, Jaime Rodríguez Guzmán y 28 personas más.
El procedimiento continuó hasta que el 30 de junio, mediante auto No.7927, Rodríguez del Orbe entabló un sometimiento a cargo del ex funcionario y allegados.
Mientras que el 24 de noviembre fue apoderado de una solicitud de apertura a juicio el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Además de Rodríguez Guzmán, los acusados fueron su hermano, Rafael Rodríguez Guzmán, su esposa, Reyna Margarita Martínez, Puro Pichardo Fernández, Arturo José Cuello, Moisés Fernando Marchena Arredondo, quien murió en la cárcel de La Victoria el 27 de febrero de 1999, a causa de una ulcera gástrica crónica sangrante y shock hemorrágico, Harold Angelino Payano, Luis Yépez Féliz, Simón B. Jiménez, Geovalina González Sánchez, Carlos Eligio Linares, Luis Ramírez Suberví, Eddy Francisco del Orbe, Marco Rafael Marte de León, Nelson Erwin Oleaga Guzmán, Vicente Guzmán Tatis, Arelis Colón Matos y Miguel Nelson Fernández.
Asimismo, Fidencio Vásquez, José Vásquez, Mario Antonio Pozo, Máximo Rafael Novoa, Pablo Antonio Martínez, Viterbo A. Colón, Viviana Martínez, Alejandro Núñez, Bernardino Beltrán, Esmeraldo Sánchez Rodríguez y Manuel Ruiz.
El 17 de junio del 2003, Jaime Rodríguez Guzmán, su esposa Reyna Margarita Martínez y el hermano del ex funcionario, Rafael Rodríguez Guzmán, fueron enviados por ante un tribunal criminal por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Además dictó un auto de No Ha Lugar a favor de Vicente Guzmán Tatis, Nelson Oleaga Guzmán, Marcos Marte de León, Eddy Francisco del Orbe, Puro Pichardo, Arelis Colón, Miguel Nelson Fernández y Arturo José Cuello, mientras que en cuanto a los demás fue desglosado el expediente, puesto que los imputados fueron declarados como prófugos.
En octubre del 2012, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito declaró la extinción de la acción penal a favor de los hermanos Rodríguez Guzmán, y de Martínez.
Los jueces Sarah Veras Almánzar, presidenta, Ingrid Fernández y Teófilo Andújar acogieron una petición de los abogados de la defensa de los procesados. El tribunal planteó que en siete ocasiones se le dio oportunidad al Ministerio Público para ventilar el expediente.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, recurrió en casación la sentencia que declaró extinguida la acción penal contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, su esposa y un hermano, acusados de expropiar miles de tareas correspondientes al Estado en Bahía de las Águilas.
Hoy, a las 9:00 a.m., la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ventilará la acción incoada por la representante del Ministerio Público, que busca la nulidad de la decisión de primera instancia.
Las acciónes civiles
Los quince años y once meses que tiene el expediente de Bahía de las Águilas en el ámbito penal, también abarcan las acciones civiles en nulidad de los títulos de propiedad, que habían sido validados por los adjudicatarios.
El 13 de agosto de 2004, el procurador Víctor Céspedes Martínez presentó una instancia de desistimiento de cualquier reclamación que tenga que ver con el Estado y la Procuraduría, con relación a la demanda en nulidad del traspaso de derecho de propiedad sobre los terrenos de Bahía de las Águilas y cualquier persecución penal.
Asimismo, solicitó a la jueza que ordene al Registro de Títulos de Barahona la devolución de los certificados de títulos originales de la bóveda y duplicados «de los dueños». También hizo la solicitó al Registrador de Títulos de Barahona, «de donde los certificados de títulos fueron trasladados ilegalmente».
Mientras que inmediatamente tomó posesión como procurador, Francisco Domínguez Brito revocó el auto de su antecesor.
Mediante auto 10690, Domínguez Brito rechazó la decisión en torno a los terrenos de las parcelas 215-A hasta la 215-A-82 y la parcela No.40 y sus deslindes, del distrito catastral 3, del municipio de Enriquillo.
La última decisión dada en torno a la Litis de Bahía de las Águilas fue en julio del 2011, cuando la Suprema Corte de Justicia rechazó desapoderar, por razones de competencia, al Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, para conocer de la Litis sobre derecho registrado de cientos de miles de metros cuadrados de la zona.
