Santo Domingo. El organismo no partidista Ciudadanos Contra la Corrupción (C3) informa que elevó un formal recurso de apelación en contra la Resolución No. 7915-2013 dictada a su vez por el Juzgado de la Instrucción de la Jurisdicción Privilegiada de la Suprema Corte de Justicia, que rechaza la Objeción al Dictamen de Archivo Definitivo de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, el cual a su vez favoreció al senador Ing. Félix Ramón Bautista Rosario solicitada por la violación a los artículos 4 y 5 de la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión (Soborno Transnacional).
El Recurso de Apelación de C3 fue dirigido en fecha 19 de Febrero a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia vía la Secretaria General del más alto tribunal del orden judicial, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del Código Procesal Penal.
Piden que luego de conocido Recurso de Apelación, se haga justicia y proceda a revocar el Dictamen de Archivo Definitivo de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, por significar el mismo un apoyo a la impunidad de los actos de corrupción administrativa.
En el Recurso de Apelación busca que se agoten los requisitos legales internos que permitan llevar el caso a los organismos internacionales correspondiente, ya que a juicio de C3 en el país el clima de impunidad creado por Leonel Fernández no permite que los casos de corrupción ligados al senador de San Juan se ventilen en un proceso judicial imparcial y objetivo.
C3 busca que se realice una investigación sobre el soborno transnacional que se le imputa al supraindicado senador Ing. Félix Ramón Bautista Rosario.
Dicho caso judicial inició con una querella mediante apoderamiento directo en fecha 26 de Abril del año 2012 por ante la Suprema Corte de Justicia motivada a su vez por un reportaje de la destacada periodista Nuria Piera, posteriormente la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia procedió a declinar dicha acción penal por ante la Procuraduría General de la Republica, la cual sin previo aviso a la organización querellante apoderó a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, la cual en fecha 15 de Agosto del año 2012 sorprendió a los querellantes con el archivo de la querella, lo cual los motivó a impugnarla por ante la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
En el recurso de apelación de C3 alega serias violaciones a la Constitución de la República y al Código Procesal Penal, tanto por parte de miembros de la Suprema Corte de Justicia como del Ministerio Publico (especialmente de la DPCA) razones que refuerzan la idea que en materia de corrupción en el Poder Judicial no tiene voluntad de investigar y mucho menos juzgar a las personas vinculadas al poder político de turno.
