El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados reveló que el contrato entre el Estado y la Barrick Gold tiene “serias anomalías y contradicciones con la Constitución que ameritarían una revisión”.Demóstenes Martínez indicó que el Congreso Nacional tiene los elementos jurídicos para invalidar el contrato con la minera, por lo que confía en que habrá entendimiento entre las partes por el bien del pueblo dominicano.
Entre las irregularidades, el legislador citó el privilegio del que goza la minera con relación a otras entidades que han firmado contratos similares con el Estado Dominicano, como el hecho de la Barrick paga un 25% de Impuesto Sobre la Renta y otras empresas un 29%. También los efectos de contaminación por el levantamiento de tierra que causa la minera en la zona donde opera y el uso de cianuro, que es un contaminante peligroso.
El legislador dijo que al menos 10 artículos de la Ley de Minería han sido afectados por el contrato.
Manifestó que las áreas de explotación y exploración ha sido extendida más allá de lo que contempla la Ley. Al igual que la legislación que tiene que ver con el Medio Ambiente.
Precisó que la comisión detectó al menos la violación de cinco artículos de la Constitución de la República y en la Ley 146-07 sobre Minería, unos 10 artículos son violados por la Barrick Gold.
Advertencia
De su lado, el director general de Ética e integridad gubernamental, doctor Marino Vinicio Castillo, advirtió a la Barrick Gold medir las consecuencias que pudieran desprenderse ante la negación al diálogo con el gobierno, el cual busca una salida racional y equilibrada a favor de los intereses colectivos de la nación.
Acatar llamado
El arzobispo metropolitano de Santiago recomendó ayer a la empresa minera Barrick Gold acatar respetuosamente el llamado del presidente Danilo Medina para la revisión del contrato de explotación minera en Pueblo Viejo, Cotuí.
“Creo que de la misma manera que el Presidente ha sido respetuoso con ellos tratando de salvar la parte jurídica, creo que ellos dentro del marco jurídico deben acogerse a ello”, expresó monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio.
Consideró que lo que el mandatario ha propuesto a la empresa minera es “muy lógico” y que está dentro del marco legal.
Por Darlenny Martínez para El Caribe
