Creador implantes mama fraudulentos dice no ponían en riesgo la salud

En su comparecencia ante los jueces, Mas, de 73 años, confesó que las mamas artificiales que comercializó durante una década no estaban fabricadas con la silicona autorizada y que engañó a los inspectores, pero agregó que ese producto no era dañino para la salud de las mujeres.

El fundador de la empresa Poly Implant Prothèse (PIP) afirmó que su producto “no estaba homologado, pero era homologable” y aseguró que en algunos aspectos el gel que él creó era “superior” al único autorizado, de fabricación estadounidense.

Mas relató que obtuvo la fórmula de sus implantes de un empresario para el que trabajó y aseguró que de haber tenido el dinero necesario hubiera podido homologar el producto.

En el juicio también compareció un empleado de PIP, que forma parte de los cinco acusados, y que afirmó que todos los trabajadores de la empresa, unos 140, estaban al corriente del uso de un producto no autorizado, pero que Mas se comportaba con ellos como un dictador.

Afirmó, además, que los sindicatos guardaron silencio porque el uso del gel homologado se hubiera traducido en bajadas de salarios.

Según la acusación, el producto utilizado para la fabricación de los implantes PIP era diez veces más barato que el homologado, lo que permitió a la empresa radicada en el sureste de Francia ahorrar un millón de euros al año.

El grupo comercializó las prótesis durante una década y en sus mejores años llegó a tener el 84 % de su facturación fuera de Francia, en particular en América Latina, donde en países como Venezuela se calcula que vendieron 33.000 implantes.

La actividad, ocultada a los inspectores, saltó a la luz ante las denuncias de varios cirujanos que detectaron una mayor tasa de ruptura de los implantes PIP que los de otras marcas, informa noticiassin.com, en su portal.

La “número dos” del grupo señaló que era consciente del uso de un gel no homologado, “pero no del riesgo” que suponía su implante.

El “macrojuicio”, que está previsto que dure un mes, se abrió hace dos días en Marsella, al sureste de Francia, y cuenta con más de 5.000 denunciantes representadas por 300 abogados.

Ello, unido a la gran espectación mediática que ha presentado el juicio, ha obligado a abrir un espacio especial en un recinto ferial para acoger las audiencias.