haitiana

 

Washington. El Gobierno estadounidense denunció ayer la situación en que viven los inmigrantes haitianos y sus descendientes en República Dominicana, al considerar que son víctimas en muchos casos de una «discriminación» que incluso llega a dejarles en un estado de «apatridia».



El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU., relativo a 2012 y publicado ayer, recordó que en República Dominicana, con una población de 9,7 millones de habitantes, residen entre 900.000 y 1,2 millones de inmigrantes indocumentados, «en su mayoría haitianos o sus descendientes».

«La aplicación con carácter retroactivo de políticas migratorias resulta en la apatridia de iure y de facto para personas que han vivido en el país durante generaciones», indicó.



El informe también denunció que, «en algunos casos», agentes de las fuerzas de seguridad actúan en el país «con independencia del control gubernamental».

«Otros problemas de derechos humanos (en República Dominicana) incluyen arrestos y detenciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales, un papel débil de la justicia, tráfico de personas, hacinamiento en las prisiones y discriminación por orientación sexual», remachó el Departamento de Estado estadounidense.

Haítí, ausencia de la ley

Por lo que respecta a Haití, el informe apuntó como principales amenazas a los derechos humanos «la debilidad del Gobierno democrático» en el país, así como «la práctica ausencia» del ejercicio de la ley, un sistema judicial vulnerable a la influencia política y una corrupción «crónica y severa».

«Los problemas que afectan a los derechos humanos básicos incluyen algunos asesinatos arbitrarios por parte de funcionarios del Gobierno, uso excesivo de la fuerza contra sospechosos o manifestantes, discriminación social contra las mujeres y tráfico de personas», indicó el Departamento de Estado.

Destaca EFE que el informe también aseguró que el Gobierno haitiano ha realizado esfuerzos para «perseguir y castigar a los funcionarios que cometen abusos», pero lamentó que «reportes creíbles» siguen apuntando a la práctica de actividades corruptas «con impunidad».