Medidas del Procurador contra la prostitución provocará un aumento de las infecciones de transmisión sexual

Santo Domingo. El Centro de Orientación e Investigación Integral, Inc. (COIN) advirtió que el anuncio del Procurador General Francisco Domínguez Brito de perseguir y llevar a la justicia a los clientes de las trabajadoras sexuales provocará un aumento de las Infecciones de Transmisión, el VIH y el SIDA, y creará las bases para el incremento de la violencia contra ese sector.

Santo Rosario aseguró que la decisión del funcionario hará que el trabajo sexual se efectúe en forma clandestina, deteriorando aun más las condiciones en que se realiza, aumentando los riesgos de enfermedades, dificultando las acciones de prevención que se impulsan por diferentes vías y reduciendo a cero el control.

“Las medidas anunciadas por el Procurador –puntualizó Rosario- harán más mal que bien, y harán más complejo el panorama, desde el punto de visto del control que se pudiera tener a través de algunos programas sociales y de salud”.

Rosario consideró que el doctor Domínguez Brito ha demostrado un gran desconocimiento de la problemática del trabajo sexual en el país, y ha emitido opiniones a la ligera.

“Un problema que involucra a más de 25 mil mujeres en los negocios fijos y a más de 50 mil en los lugares abiertos no puede ser despachado con la bravuconería de un funcionario”, enfatizó.

En opinión de Santo Rosario, el trabajo sexual ya desborda las fronteras de los negocios y territorios abiertos, y está presente en los barrios, universidades, colmadones, y muy especialmente fuera de la República Dominicana.

«Hay en el extranjero miles de mujeres que han sido objeto de tráfico y de trata, o se han ido voluntariamente y envían una importante remesa que contribuyen al desarrollo nacional sin que el Estado y el sector privado desarrollen políticas sociales que protejan los derechos humanos de esta población en el exterior.

El director ejecutivo del COIN refirió que hay acciones en curso para mejorar las condiciones que llevan a esas mujeres a realizar el trabajo sexual y para mejorar las condiciones en que esas ciudadanas realizan su trabajo.

Entre las instancias que impulsan esas acciones Rosario citó el Despacho de la Primera Dama, iniciado en momentos en que era dirigido por la doctora Margarita Cedeño, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) y el Ministerio de Salud Pública.

“La doctora Margarita Cedeño, entonces Primera Dama de la Republica, avaló e inauguró con su presencia, un proyecto de formación de las trabajadoras sexuales, en coordinación con el Instituto Técnico Profesional (INFOTEP) y el Consejo Nacional para el VIH y SIDA (antiguo COPRESIDA), que procuraba buscar alternativas al trabajo sexual», dijo Rosario.

Reveló que ese proyecto logró dar formación a unas 500 trabajadoras sexuales, y debe ser visto como un modelo que debe ser enriquecido y fortalecido.

Citó también un proyecto que elaboran instancias públicas y privadas, con el apoyo de agencias de cooperación internacional, que busca reducir sustancialmente la vulnerabilidad de las mujeres.

El COIN informó que hay programas del Ministerio de Salud Pública que ofrecen servicios de salud a esta población, y que las mismas acuden debido a que están en lugares fijos, en negocios y en lugares donde se pueden identificar, lo que permite acciones de prevención y educación.

Rosario reiteró que la represión ha demostrado su ineficacia para solucionar los problemas sociales.

«La solución del tema del trabajo sexual no está en los clientes ni en las trabajadoras sexuales sino en la falta de empleo, la desigualdad de género y la falta de educación que afecta esta población», sostuvo.

El anuncio del Procurador Domínguez Brito -enfatizó Rosario- es, a todas luces, violatoria de la Constitución y los derechos humanos.

El licenciado Rosario exhortó al funcionario judicial a que se asesore con los organismos expertos en el tema, y con los actores del sector que impulsan actualmente las medidas para enfrentar esa problemática.

«El Procurador Domínguez Brito no debe olvidar que ya hay instancias, públicas y privadas, preocupadas por la problemática del trabajo social, y que están impulsando programas y soluciones mejor pensadas que la represión», manifestó.

«De aplicarse lo propuesto por el Procurador General de la República, miles de personas, incluyendo a las propias mujeres, quedarían sin empleo, ya que alrededor de los establecimientos donde laboran las mujeres existen motoconchistas, taxistas, porteros y vendedores de frutas que viven de manera indirecta de los negocios donde trabaja la población citada.

“De llevarse a cabo esta amenaza, estamos seguros que la problemática del trabajo sexual a todos los niveles se tornará inmanejable”, dijo Rosario.

Por Vianco Martínez