La venta de Globovisión, la única televisora privada en abierto identificada con la oposición en Venezuela, se concretó este lunes, acompañada del anuncio de un viraje gradual hacia una línea editorial de “centro”.
En una reunión con empleados, el periodista Leopoldo Castillo, uno de los nuevos directores del medio y conductor del programa Aló ciudadano, anunció la decisión de “llevar la línea editorial hacia el centro” de forma gradual para no perder audiencia y anunciantes.
“La Globovisión que conocimos, la Globovisión que vivimos en los últimos 12 años, no es la Globovisión que vamos a vivir. Yo quiero poner las cosas claras, lo demás es engaño”, dijo a los trabajadores.
La dirección estará compartida por Castillo y Vladimir Villegas, hermano del ministro de Información, Ernesto Villegas, y conocido periodista que desempeñó distintos cargos en el Gobierno, pero que se fue alejando hasta adoptar una línea opositora.
“Unos quieren que Globovisión cambie totalmente, otros que no; no podré complacer a ambos sectores”, dijo Villegas en una entrevista publicada este lunes por el diario El Nacional.
El encuentro con los empleados del canal fue presidida por Carlos Zuloaga, quien también dio lectura a una carta de su padre Guillermo Zuloaga, quien durante 18 años dirigió Globovisión, pero ahora se encuentra en Estados Unidos y es requerido por la justicia venezolana por usura y asociación para delinquir.
Los nuevos propietarios son Juan Domingo Cordero, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo.
Cordero, principal accionista de Seguros La Vitalicia y que asumirá como presidente del canal, fue presidente de la Bolsa de Valores de Caracas de 1989 a 1993. Algunos trabajadores de Globovisión lo han acusado de estar ligado a “sectores del oficialismo”.
La venta comprende el 80% de las acciones del canal, que están en manos de dos familias, mientras que el otro 20% de la televisora fue confiscado por el Gobierno hace tres años.
Para evitar el embargo de bienes y que le revocaran la concesión de la frecuencia, el medio pagó a mediados del año pasado una multa de US$2,1 millones que le impuso el ente regulador Conatel, tras acusarlo de hacer “apología del delito” en la cobertura periodística de un sangriento motín carcelario en junio de 2011.
