La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, mediante su titular Jonathan Baró, aseguró que la República Dominicana no puede seguir manteniendo a nivel internacional, un posicionamiento tan elevado en materia de trata de personas para explotación sexual, expresando que el paso inicial para combatir ese flagelo era la persecución penal estratégica en el ámbito local.
El magistrado Baró se expresó en esos términos, haciendo referencia al estudio publicado por la Fundación Tú mujer, financiado por Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), titulado “El tráfico ilícito de migrantes y trata de mujeres dominicanas en el exterior”, el cual señala que “la República Dominicana se encuentra entre los diez países con mayor número de mujeres en el exterior, y ocupa el cuarto lugar después de Tailandia, Brasil y Colombia, entre las primeras cuatro naciones que encabezan la lista con mayor porcentaje de víctimas de trata”.
Manifiesta también que el mismo estudio destaca que el país no solo ocupa un lugar predominante como origen de víctimas de la trata de personas, sino también que junto a Centroamérica, “conforman una región de origen, tránsito y destino. Cientos de mujeres son sacadas de la región o traídas desde otras partes del mundo con este propósito”.
“La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de acuerdo a estudio, realizado en el año 2003, estima que unas 60 mil dominicana dedicadas a la prostitución en Europa, de las cuales al menos un tercio pueden haber sido víctimas de la trata; por lo tanto ha llegado el momento de enfrentar de forma responsable esta problemática para lo cual, necesariamente debemos empezar a perseguirla y combatirla, en nuestro territorio. La Situación hoy en día es peor”, afirmó Jonathan Baró.
Ante esta preocupante realidad destaca que lo más lamentable es que “las mujeres y las niñas constituyen alrededor del 80% de las víctimas identificadas de explotación sexual. La trata de niños representa entre el 15% y el 20% de las víctimas, aproximadamente”.
“Para que tengamos una idea clara de la realidad, puedo decirles que países como Chile y Argentina, en los cuales hasta hace un año los dominicanos y dominicanas podíamos viajar sin inconvenientes tan solo con una invitación o contrato de trabajo, se han visto precisados dado el auge de la prostitución de mujeres dominicanas en estos países, y la gran cantidad de víctimas de trata de personas identificadas, a exigir el visado para poder ingresar a esos territorios”, agrega magistrado Baró.
“Debemos entender que la trata de personas, en este caso para la explotación sexual, funciona con una estructura criminal organizada que hay que empezar a golpear en todas las direcciones a nivel local e internacional. Tenemos por ejemplo la República de Argentina, en donde en la actualidad se disponen a perseguir y castigar a los clientes de la prostitución como manera de contrarrestar la explotación sexual de mujeres y niñas que son más vulnerables a ser víctimas de las redes criminales, entonces nosotros estamos en la dirección acertada”, expresó.
Informó además que en busca de la erradicación de la explotación sexual, el Estado Dominicano ha tomado en consideración las medidas implementadas por otros países, como es el caso de Suecia en el año 1999, donde se persiguen penalmente a los clientes de la prostitución, pues esta última es considerada una forma de explotación y violencia contra las mujeres que por su estado de vulnerabilidad se ven en la obligación de recurrir a ello. “Como resultado de esta política de persecución penal, en Suecia la prostitución se ha reducido en un 80% en tan solo una década”.
“Para evitar que las mujeres dominicanas sean explotadas, obligadas a prostituirse por su estado de vulnerabilidad, en cualquier lugar del país es necesario penar a quien consuma los servicios sexuales que estas ofrecen, ya que reduciendo la demanda la oferta disminuirá”, aseguró el magistrado Jonathan Baró.
Baró afirma además que resulta raro encontrar un caso de prostitución en que los motivos que llevan a una persona a ejercer la misma, y las experiencias dentro de la prostitución, no incluyan como mínimo un abuso de poder o vulnerabilidad. Entendiendo, vulnerabilidad desde la óptica de las distinciones basadas en el sexo, raza y condiciones económicas.
“El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, realizará acciones específicas para proteger a las mujeres víctimas de explotación sexual y perseguir a los clientes de la prostitución en todo el país, sin importar el estrato social”.
