El Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) pidieron ayer al procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, reconsiderar la disposición de perseguir y someter a la justicia a los clientes de las trabajadoras sexuales, por entender que la medida provocará un aumento de las enfermedades de transmisión sexual.
El director del COIN, Santo Rosario, advirtió que la decisión del funcionario hará «más mal que bien», y causará que el trabajo sexual se efectúe de manera clandestina. Más de 25 mil mujeres ofrecen sus servicios en negocios fijos y alrededor de 50 mil en lugares abiertos, según Rosario.
Consideró que Domínguez Brito «ha demostrado un gran desconocimiento de la problemática del trabajo sexual y ha emitido opiniones a la ligera».
De su lado, la directora del MODEMU, Jacqueline Montero, manifestó que la orden incrementaría el riesgo de contagio de enfermedades de trasmisión sexual, entre las que citó el VIH y SIDA y el Virus del Papiloma Humano.
Durante una conferencia de prensa realizada en el hotel Plaza Naco, Montero explicó que en el país no hay una ley que prohíba ese tipo de trabajo. «De aplicar la medida, tendrían que someter a la justicia a altos funcionarios, y hasta a jueces que también son clientes de las trabajadoras sexuales», sostuvo Montero.
Pidió al jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, y al Procurador, integrarse a los esfuerzos que impulsan varias instituciones para mejorar las condiciones que inducen a las mujeres a insertarse en esa actividad.
Por Claudia Francisco para Diario Libre
