Esta es la posición de Robert Sánchez, Aridio Castillo, Joseph Cáceres y Joseph Tavares en un comunicado enviado por el periodista Juan Carlos Jiménez.
Creíamos que el presidente de Acroarte, al final de su gestión, iba a cerrar la misma con un mayor nivel de sentido común.
Pudo quedarse callado o responder con seriedad y gallardía a cuestionamientos que se le han venido haciendo, en procura de un mayor nivel de transparencia y pulcritud en los premios Soberano.
Nada de eso ha hecho. Por el contrario, decidió irse por la puerta trasera, no sin antes tratar de ejecutar moralmente, a quienes han tenido la valentía de exigirle cuentas claras .
Los comunicadores a los que se pretende sancionar, no hemos sido más que una garantía para que las cosas se hagan bien.
Pero ello no está en el esquema mental del presidente de Acroarte, quien ha procurado siempre eliminar toda señal de disidencia, olvidando que la confrontación de ideas y criterios, es lo que mantiene viva a la Asociación de Cronistas de Arte.
Nos ha suspendido y expulsado, por el hecho de que hemos pedido el cese de las actividades de relaciones públicas de cronistas que forman parte del comité ejecutivo; se le ha solicitado un informe sobre las negociaciones de Acroarte con la Cervecería Nacional Dominicana y el premio Soberano, y el informe financiero del proyecto de remodelación del local. Nada de eso ha hecho.
El presidente de Acroarte, no los demás directivos, a los que ni siquiera se consulta, no ha optemperado a ello.
Algo a lo que tenemos total derecho, sin que ello implique violación de ningún reglamento, mucho más en una entidad que no mantiene espacio abierto para la discusión interna, donde se pudieran discutir y abordar inquietudes e interrogantes, de cronistas de arte solidarios, pero pensantes.
Pero en vez de atender a esas solicitudes, lo que ha hecho el presidente es procurar inhabilitar y expulsar a quienes reclaman transparencia, como si con ello se librara de rendir cuentas.
En una actitud violatoria del derecho a la libre información se quiere impedir que los miembros de Acroarte puedan criticar en sus medios las premiaciones de la asociación, imponiendo en algunos de ellos la autocensura con lo cual se desvirtua el rol fundamental de un comunicador.
Lo que es peor, se llega al extremo de tratar de impedir la difusión de las declaraciones de inconformidades que los artistas hacen cuando no son nominados o premiaciones, como sucedió el pasado año, que se emprendieron acciones contra el colega Jorge Jiménez por difundir una nota sobre una marcha caravana que había montado la cantante Marcel en protesta por haber sido excluida de una nominación.
Todo ello se traduce en un atentado a la libertad de prensa, paradójicamente articulado desde el seno de una entidad que está llamada a defenderla.
Una aberración que ningún comunicador con criterio y que se respete debe aceptar, porque con ello se admite la violación a derechos fundamentales, en el libre ejercicio de la información.
¿Cómo es posible que una entidad que agrupe a comunicadores trate de censurar a quienes hacen ejercicio de ese derecho? O es que acaso los diarios y medios radiales y televisivos que contratan periodistas para el área de espectáculos, tienen que sujetarse a lo que admita y permita el presidente de Acroarte, porque de lo contrario se hacen pasibles de una sanción?
En el caso de todos los componentes del grupo que se ha pretendido sancionar, se han violado todos nuestros derechos al ser condenados sin haber sido citados a un proceso oral y contradictorio, donde hubiésemos tenido la posiblidad de defendernos, como establecen los reglamentos de Acroarte.
La voracidad, la sed de venganza, y el interés retaliativo tenía evidentemente mucha prisa.
Esa decisión habla claramente de la ilegalidad de la acción de retaliación emprendida por un dirigente que se maneja con métodos dictatoriales que no ha tenido la valentía de enfrentar los emplazamientos que se le han hecho de los manejos que ha tenido al frente de Acroarte.
La decisión adoptada contraviene el artículo 49 de la Constitución de la República que expresa:
«Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.
1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley;
2) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley;
En tal virtud anunciamos que hemos decidido acogernos a un recurso de amparo en los tribunales de la República, en tanto que oportunamente habremos de emprender una acción de reclamación en daños y perjuicios a quienes articularon el mamotreto de sentencia con el que han procurado dañar nuestras trayectorias de ejercicio profesional.
Ello aparte de que al parecer, con esa decisión, se ha pretendido inhabilitarnos para que no podamos participar en las elecciones de Acroarte con una plancha que ya está en formación, y que se había anunciado en un documento sometido a la asociación previamente, y que al parecer provocó un pánico.
No solo se pretende silenciarnos y dañar nuestra imagen, sino también impedir que podamos asumir el compromiso de reorientar una asociación que como todo el mundo sabe, ha entrado en franco declive.
Atentamente,
Joseph Cáceres,
Juan Carlos Jiménez,
Aridio Castillo,
Robert Sánchez y,
Joseph Tavárez.
