El Sexto Juzgado de la Instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad envió para el 1ero. de julio la audiencia donde se conocerán las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía del Distrito Nacional contra los principales responsables de la Corporación Delta Intur y empresas vinculadas, acusados de distraer más de mil 500 millones de pesos depositados en esas entidades a través de bonos corporativos y papeles comerciales.
Las medidas de coerción solicitadas también por los abogados de unas 175 familias afectadas por la presunta estafa, están dirigidas contra los imputados Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez, Mariano Vallejo Martín, José Ignacio Martín Moina, Francisco Cerén y Julio José Vega López como autores principales y personas civilmente responsables de los cargos de violación del Código Penal Dominicano, el Código Monetario y Financiero, la Ley de Mercado de Valores, y la Ley sobre Mercado y Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.
El expediente incluye como “terceros civilmente responsables de las acciones delictuosas” a las razones sociales Corporación Delta Intur, S. A. (DELTUR); Grupo Inmobiliario Delta, S. A.; Promociones Keops, S. A.; Inversiones Inmobiliarias y Turísticas, S. A. (INTUR); SAT, S. A.; Safina Dominicana, S. R. L., Capital Palmanova, S. A., Trivento Investment, S. A., Belarusius Investment, S. A., Capital Portogallo, S. A., Capital Oceanfront, S. A., Capital Terradance Corp., S. A., Cerpicot, S. A., Montebello Investment, S. A., Puebla Investment, S. A., Dalby Enterprises, S. A., Coldwell Banker Domininicana, S. A., Maderarte Industrial, S. A., RD Asesoría Inmobiliaria Co, Promotora Puerto Plata, S. A., Inmobiliaria Las Cayenas, S. A., Promotora Benihana, S. A., Constructora El Portal, S. A., Desarrollos Pontezuela, S. A., Promotora de Desarrollo Centro Histórico, S. A., Promotora Las Violetas, S. A., Constructora Las Amapolas, S. A., Constructora Balmoral, S. A.; BHD Realty, The Virginia Overseas, North Choice Enterprise, Istmo Enterprise; Invercosta Overseas como terceros civilmente responsables por la comisión de los ilícitos precedentemente indicados.
La querella de acción penal pública a instancia privada, por las infracciones de estafa y abuso de confianza con constitución en parte civil está a cargo de los abogados Luis Miguel Rivas, Eric Raful Pérez, Santiago Rodríguez, Gustavo Biaggi, Lincoln Hernández Peguero, Hipólito Herrera Vasallo y Laura Acosta Lora.
El Concejo de abogados de los obligacionistas afectados por el incumplimiento de Delta Intur ponderó la decisión del Ministerio Público de asumir plenamente la querella y solicitar medidas contra el grupo encabezado por el empresario español Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez.
“Estamos ante hechos gravísimos que de no ser aclarados y sancionados, se convertirán en el primer gran fracaso y una pesada hipoteca al futuro del mercado de valores. La querella contra DELTA INTUR, además de un acto de legítima defensa de un importante núcleo de ciudadanos, procura que se establezcan responsabilidades, se revisen los procedimientos que han permitido esta gran estafa, y que los tribunales y las autoridades actúen para salvar la credibilidad futura del mercado de valores”, expresan los juristas en una declaración de prensa.
