La jurisdicción inmobiliaria no tiene que esperar el fallo de la justicia penal en el caso de Bahía de las Águilas para anular los títulos de terrenos obtenidos de manera fraudulenta en Pedernales, opinó este lunes el procurador general Francisco Domínguez Brito, quien dijo esperar que en esta ocasión se haga justicia de manera rápida, a los fines de que se pueda aprovechar la explotación turística de la zona.
“El expediente de Bahía de las Águilas es uno de los casos emblemáticos del país, porque se trata de un hecho de corrupción muy grave, serio, que ha involucrado a muchos actores políticos y profesionales, que implica un perjuicio para la comunidad y el medio ambiente en el país y que por cuyo fraude no se ha podido desarrollar el sur y para ello se requiere que, en un tiempo relativamente breve, pudiéramos obtener las decisiones de lugar”, planteó el funcionario.
Manifestó que para el país es vital que se obtenga una sanción contra los que cometieron ese hecho criminal y que confía en que este martes se allane el camino hacia una condena definitiva, pero que al mismo tiempo, la Jurisdicción Inmobiliaria tiene que jugar el rol preponderante que le corresponde, anulando esos títulos obtenidos de manera fraudulenta.
Expresó que el caso tiene muchos años en la justicia, pero que en la actualidad existe la voluntad del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía y de toda la judicatura, para que se produzca la anulación de los títulos sin tener que esperar la condena definitiva e irrevocable de la justica penal contra los imputados de incurrir en tales irregularidades.
Dijo que ya es hora de que se agilice la justicia, porque no se puede seguir con los continuos aplazamientos y reenvíos por cualquier tipo de displicencia que pudiera surgir en el conocimiento del caso.
En el caso, en materia penal, será conocido este martes por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que en una sesión anterior se reservó el fallo de un incidente presentado por la defensa de los imputados, que reiteró su pedido al tribunal de que se declare la extinción, “por haber prescrito los plazos”.
En torno a ese caso, se recuerda que el Consejo del Poder Judicial designó como liquidadora del Tribunal Superior de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional a la jueza Alba Beard Marcos.
El sonado caso de Bahía de las Águilas data de 1997, cuando se iniciaron las acciones penales en contra de los alegados autores de utilizar presuntas artimañas para despojar al Estado de la propiedad de los terrenos ubicados en el Parque Nacional Jaragua.
Fuente: 7dias
