Condenan a Berlusconi a siete años de cárcel por caso Ruby

ROMA. El ex primer ministro Silvio Berlusconi fue condenado ayer a siete años de cárcel por el caso Ruby, por el que estaba acusado de prostitución de menor y abuso de poder, una sentencia severa que amenaza la estabilidad del actual gobierno de coalición italiano, del que ‘Il Cavaliere’ es un aliado clave.

Después de casi siete horas de deliberaciones, las magistradas del Tribunal de Milán (norte) Giulia Turri, Orsola De Cristofaro y Carmen D’Elia condenaron al magnate de las comunicaciones y líder de la derecha italiana a una pena mayor de la solicitada por la fiscalía y dispusieron su inhabilitación de por vida de todo cargo público.

Se trata del primer fallo por el llamado caso Ruby, ya que tiene dos oportunidades más para recurrir la sentencia, según el derecho italiano.

El ex jefe de gobierno, de 76 años, quien esperó el veredicto encerrado en su mansión de Arcore, en Milán, fue condenado por haber pagado en 10 ocasiones a «Ruby» –el apodo de una exuberante marroquí menor de edad en el momento de los hechos–, sus servicios sexuales y por haber presionado a la policía para que la liberara tras su detención por hurto, en mayo de 2010.

«Han pronunciado una sentencia increíble, de una violencia que no se había visto hasta ahora, para eliminarme de la vida política de este país», declaró Berlusconi en un comunicado divulgado a la prensa en el que advierte: «Resistiré a esta persecución porque soy absolutamente inocente».

La fiscal Ilda Bocassini, apodada «La Rossa» («la pelirroja», pero también «la Roja» por su reputación de ser implacable en sus investigaciones contra la mafia), quien no estaba presente en la sala del tribunal durante la lectura de la sentencia, había denunciado en su alegato final en mayo «el sistema de prostitución montado para satisfacer sexualmente a Silvio Berlusconi».

Unas 30 jóvenes y prostitutas de lujo, entre ellas varias latinoamericanas, que participaron en las fiestas privadas del magnate, comparecieron ante el tribunal de Milán para declarar que se trataba de elegantes y tranquilas cenas, célebres ahora en la prensa de todo el mundo como las veladas «bunga bunga».

Paradójicamente, la reputación de Berlusconi, un mujeriego empedernido, quedó en manos de cinco mujeres: tres jueces, una fiscal y una acusada.

Unas 10 personas congregadas frente a la sede del tribunal junto con reporteros de medio mundo recibieron con aplausos y gritos la sentencia, mientras numerosas personalidades de la derecha italiana protestaron inmediatamente contra el fallo, que marca el futuro político de uno de los hombres más poderosos e influyentes de Italia.

«Se trata de un veredicto desconectado de la realidad», reaccionó el abogado de ‘Il Cavaliere’, Niccoló Ghedini, quien aseguró que presentará recurso.

No se descarta una reacción más impetuosa de Berlusconi que termine por desencadenar una crisis de gobierno al decidir retirar el apoyo de su partido, el Pueblo de la Libertad (PdL), a la coalición nacional que preside Enrico Letta, del Partido Democrático (izquierda), surgida tras un bloqueo político de varios meses. Aunque sus colaboradores desmintieron durante toda la jornada esa hipótesis.

Se trata de «un atentado contra la democracia», protestó el senador de derecha Lucio Malan, mientras que la exmodelo Daniela Santanché, una de las parlamentarias más cercanas a ‘Il Cavaliere’, lo consideró «un veredicto absurdo, una vergüenza».

«Se trata de una sentencia contraria al sentido común, peor de lo que nos esperábamos», declaró el vice primer ministro italiano, Angelino Alfano, secretario del partido de Berlusconi.

Allegados al magnate sostienen que prepara una ofensiva en sus canales de televisión para contar lo que considera una «persecución» judicial organizada por jueces «comunistas» para decretar su muerte política.

El magnate tiene pendiente otras sentencias, entre ellas una por fraude fiscal en el caso Mediaset, por el que ya ha sido condenado en primera y segunda instancia a cuatro años de cárcel y a cinco de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La Corte de Casación, que debería pronunciarse en octubre, tiene en ese caso la última palabra.