Tres meses después de su elección, el papa Francisco puso en la mira al controvertido banco del Vaticano, al designar una comisión especial de investigación para indagar sobre las actividades económicas y la situación jurídica de la mayor entidad financiera de la Santa Sede, involucrada durante décadas en escándalos por sospechas de blanqueo.
Formada por cinco expertos, la comisión deberá informar directamente al papa argentino sobre las actividades del banco del Vaticano, conocido como el Instituto para las Obras de Religión (IOR), y tiene como objetivo final que “los principios del Evangelio impregnen las actividades de carácter económico y financiero” de la Santa Sede.
La comisión pontificia deberá investigar “las actividades” del banco y “conocer mejor la situación jurídica” del banco del Vaticano, de manera que haya una mayor “armonización” entre la Iglesia y su sede apostólica, precisa en una nota el Vaticano.
Para la creación de la comisión pontificia, el Papa argentino firmó un “quirógrafo”, una suerte de documento jurídico escrito por el mismo pontífice, con fecha 24 de junio.
“Después de haber escuchado la opinión de varios cardenales y otros hermanos en el episcopado, así como de otros colaboradores, y a la luz de la necesidad de introducir reformas en las instituciones que prestan ayuda a la Sede Apostólica, hemos decidido establecer una Comisión Referente sobre el Instituto para las Obras de Religión que recoja información precisa sobre la situación jurídica y las diversas actividades del Instituto a fin de permitir, en caso necesario, una mayor armonización del mismo con la misión universal de la Sede Apostólica”, reza el texto escrito por Francisco.
El quirógrafo papal subraya además que “el secreto de oficio y las otras eventuales restricciones establecidas por el sistema jurídico no inhiben o limitan el acceso de la comisión a los documentos, datos e informaciones”, es decir que podrán actuar libremente.
La comisión comienza sus actividades a partir de la fecha.
Además de su informe, la comisión deberá entregar “todo su archivo, en el momento oportuno, al final de sus trabajos”, pide el Papa en el documento.
Los miembros de la comisión son el cardenal italiano Raffaele Farina, exresponsable de los archivos secretos del Vaticano, el cardenal francés Jean-Louis Tauran, el español Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, experto en la legislación del Vaticano (coordinador), el estadounidense Peter Bryan Wells, miembro de la Secretaría de Estado, y la profesora laica estadounidense Mary Ann Glendon, especialista en derecho de Harvard y exembajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede.
El llamado banco del Papa, fundado en 1942 por Pío XII, con activos por 7.100 millones de euros, maneja miles de cuentas de curas y monjas en todo el mundo, desde simples hermanas filipinas que vienen a estudiar a Roma, pasando por obispos y cardenales, hasta poderosas congregaciones religiosas repartidas en todos los rincones del planeta.
Escándalos como la quiebra del banco Ambrosiano de 1982, que involucró a la mafia, masonería y servicios secretos estadounidenses, mancharon la credibilidad del Banco del Papa, acusado de lavar el dinero sucio de organizaciones criminales a través de cuentas anónimas.
El pontificado de Benedicto XVI quiso limpiar ese pasado turbio, de mala gestión, y normalizar su gestión, sin lograrlo.
Desde que llegó el nuevo presidente del IOR, el alemán Ernst von Freyberg, nombrado días antes de la elección de Francisco, un equipo de expertos de la agencia financiera Promontory verifica la situación de cada una de las 19.000 cuentas de IOR.
En su primera intervención sobre IOR, el pasado 16 de junio, Francisco designó al italiano monseñor Battista Mario Salvatore Ricca, uno de sus hombres de confianza, como nuevo “prelado” de esa institución.
AFP
