Durante operativos contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, han sido rescatados más 100 niños, niñas y adolescentes víctimas de esos delitos, logrando además dicho organismo, el cierre de varios establecimientos que se dedican a esa práctica y la imposición de medidas de coerción contra sus propietarios y administradores.
Así lo establece un informe del Ministerio Público sobre las acciones en todas las jurisdicciones del país en el trimestre de creación de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas, que dirige Jonathan Baró Gutierrez, dando seguimiento a las instrucciones del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
Dentro de las acciones llevadas a cabo en ese sentido, se destaca el operativo realizado por el Ministerio Público conjuntamente con otras entidades gubernamentales en diferentes zonas de la comunidad de Los Alcarrizos, donde fueron rescatados más de 55 niños que eran obligados a mendigar por las calles de Santo Domingo.
Indica que otros 13 menores, incluyendo una niña, que estaban expuestos a explotación sexual, drogas y alcohol, fueron rescatados en operativos recientes en cuevas del Malecón, en la avenida George Washington.
El reporte indica que en la provincia de Santo Domingo, la fiscalía de esa jurisdicción ordenó el cierre del Bar Ruta 47, donde 11 mujeres, incluyendo una menor, eran explotadas sexualmente. A petición del MP, la Oficina de Atención Permanente impuso un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los imputados Quilvio Ismael Álvarez Núñez, propietario del establecimiento, además de Valentina Caba Ramos (a) Chiqui y Juan Alberto Féliz Torres (a) Tito.
En Santiago, la fiscalía de esa jurisdicción logró que a finales del pasado mes de junio se ratificara la prisión preventiva, como medida de coerción, contra los imputados Freddy Antonien Pérez (a) Pití, Winston Cabral Flete (a) Calvo, y Mary Bidó, integrantes de una supuesta red dedicada a reclutar menores de edad para prostituirlas en La Romana.
En San Cristóbal, la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas apresó a un hombre acusado de explotar sexualmente a cuatro adolescentes menores de 14 años. Por ese caso, el imputado Tomás González Jene (a) Veronil, fue enviado a prisión, luego que se determinó, mediante una labor conjunta con la Policía Nacional, que las menores eran obligadas a prostituirse desde hace cuatro años, y los clientes pagaban cien pesos para sostener relaciones sexuales con ellas.
Igualmente en dicha provincia, fueron rescatadas seis adolescentes entre 14 y 17 años de edad, las cuales, alegadamente eran explotadas sexualmente. Durante ese opertivo fue cerrada la terraza Disco Sonido El Swing, donde resultaron detenidos Quiterio Campusano Solano, alias Canato, y Sugey Vizcaíno Reyes, propietario y administradora de dicho establecimiento, respectivamente, donde fueron encontradas 2 menores de edad, ambas 15 años.
También, fue allanada la terraza Disco Sonido Phillips, donde fueron rescatadas otras 2 menores, una de 15 años y otra de 17, y apresada Germania Asencio Medrano (Awilda Asencio), administradora de dicho negocio, así como Juan Carlos Bisonó Ramos, quien fue encontrado en flagrante delito con una de las menores en las habitaciones del negocio.
Mientras que en la terraza Disco Sonido Kimbao se encontraron dos menores de 16 años de edad y otra de 17, y apresada la nombrada Milka Celeste Peguero, de 35 años, la cual supuestamente se encarga de reclutar a las menores con fines de explotarla sexualmente.
También, dentro de las operaciones del Ministerio Público, la Fiscalía de Monseñor Nouel realizó un amplio operativo donde fueron rescatadas 12 mujeres que eran explotadas sexualmente en el establecimiento El Resbalón, que fue clausurado y al administrador Rafael Antonio Fernández Mendoza (Rafelo), se le impuso una medida coercitiva de tres meses de prisión.
En tanto que la Fiscalía de Montecristi clausuró ocho bares, siete que se dedicaban a la explotación sexual y consumo de drogas, y uno que usaba menores para prostituirlas. En la actualidad, los propietarios de esos negocios cumplen tres meses de prisión preventiva.
Igualmente, durante un operativo conjunto de las procuradurías fiscales de Santiago y Montecristi fueron rescatadas tres menores de edad que eran sometidas a explotación sexual en un bar de Montecristi, cerrado por las autoridades y sometido a la justicia sus propietarios y el administrador, quienes también cumplen coerción de tres meses de prisión.
El procurador general, Francisco Domínguez Brito ha reiterado en múltiples ocasiones, que el Ministerio Público en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas turísticas, deberá actuar de forma contundente contra todo tipo de trata de personas, ya que a su juicio, constituye una modalidad de esclavitud que atenta contra la dignidad humana, pero, sobre todo, ha instruido perseguir y someter a la acción de la justicia, a las redes que se dedican a reclutar a niños, niñas y adolescentes para explotarlos sexualmente.
