Santo Domingo. La Coordinación Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia informa que instruyó a todos los miembros del Ministerio Público a nivel nacional, continuar los operativos de prevención y persecución de los propietarios y administradores de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas que permitan la entrada de menores de edad.
Las instrucciones fueron dadas por la procuradora general adjunta, magistrada Marisol Tobal, quien dirige el organismo de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, en cumplimiento de la disposición del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, que procura mantener una vigilancia permanente de esos establecimientos para evitar la entrada de menores de edad y procurar sanción para quienes violen dicha medida.
En ese sentido, advirtió que harán cumplir la Ley 136-03, el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, contra los que incurran en ese tipo de acción, en perjuicio de este sector tan vulnerable de la población.
“Instruimos a todos los miembros del Ministerio Público a continuar realizando los operativos en sus respectivas jurisdicciones para impedir que los menores ingresen a bares, discotecas y otros centros de diversión donde se consume alcohol y otras sustancias que perjudican su salud y desarrollo físico y emocional”, expresó.
Recordó que atendiendo a lo que establece la citada ley, a los que reincidan por primera vez les serán cerrados sus negocios durante quince días, lo que lo hagan por segunda vez serán cerrados por un mes, mientras que aquellos que reincidan por tercera ocasión les serán cerrados sus establecimientos por sesenta días.
La magistrada Marisol Tobal también instruyó a los representantes del Ministerio Público para que procedan a someter a la acción de la justicia a los padres de los menores que de manera reincidente permitan que éstos visiten dichos establecimientos, por lo que dijo podrían enfrentar medidas de coerción que van desde prisión preventiva hasta trabajo comunitario.
Como resultado de la labor que lleva a cabo el Ministerio Público en contra de esa práctica, han sido cerrados diversos establecimientos en diferentes puntos del país y sus propietarios y administradores han sido sometidos a la acción de la justicia, por lo que cumplen diferentes medidas de coerción, la mayor parte correspondiente a prisión preventiva.
