El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo este lunes que no aceptará impunidad con respecto al caso de un allanamiento que se produjo en una vivienda en el municipio de Sosúa, en la provincia de Puerto Plata, donde supuestamente agentes policiales habrían desaparecido RD$60 millones, joyas, lingotes de oro y relojes marca Rolex, propiedad de un grupo de alemanes.
Informó que se le está dando el “toque final” a la investigación para determinar las implicaciones de supuestos miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional.
“Son dos procesos, entre dos sectores alemanes, y al parecer algunos oficiales cometieron faltas graves, y la posición del Ministerio Público en este caso es que no puede haber impunidad”, indicó.
Dijo que tiene que identificarse quiénes son los responsables, y que al parecer si hubo saqueo y usaron el allanamiento para enriquecerse y eso no puede ser permitido.
Mientras la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata informó hoy que profundiza las investigaciones en torno al caso en el que están involucrados varios extranjeros, así como un grupo de agentes y oficiales policiales a quienes se les vincula a un robo que se habría producido en el curso de los allanamientos de una propiedad en Sosúa.
El hecho se produjo en octubre del 2012, en el residencial La Mulata III del municipio de Sosúa, en el que además fueron recabadas evidencias de porte y tenencia de armas de alto calibre, entre otros ilícitos penales, por los cuales están siendo juzgados los nacionales alemanes Peter Brunck, Daniel Roland Brunck y Solvey Ditrich.
La Policía Nacional comunicó que ha realizado una averiguación preliminar de la que se desprenden sanciones disciplinarias y cancelaciones de algunos altos oficiales, cuyo informe ha remitido al Ministerio Público, quien se encuentra profundizando las investigaciones a los fines de individualizar los implicados y delimitar la responsabilidad penal en base a evidencias objetivas.
CANCELACIONES
Por este caso, el Consejo Superior Policial recomendó el pasado 19 de julio al Poder Ejecutivo, la puesta en retiro forzoso y cancelación de 14 de sus miembros, entre ellos dos coroneles, todos investigados por una denuncia de allanamiento irregular realizado en octubre pasado en el proyecto habitacional La Mulata III, en Sosúa, Puerto Plata.
