El factor económico ha provocado que, desde diciembre hasta la fecha, seis jueces renuncien ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ).
La inflación que golpea la economía y que se refleja en el alto costo de la vida que tiene que pagar un dominicano para sobrevivir, es uno de los factores que empujaron al magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a tomar esa decisión.
Reza un viejo refrán que “por su mejoría hasta su casa uno dejaría” y justamente en busca de mejorar su situación y la de su familia es que el magistrado Bonnelly Vega decidió volver a su ejercicio de abogado.
El 15 de septiembre cumpliría 15 años en el Poder Judicial y manifestó que la decisión de renunciar fue dura. De los 20 años en ejercicio profesional 15 los ha dedicado al servicio público.
“Hace aproximadamente 6 o 7 años en el Poder Judicial no se ha experimentado un aumento salarial”, reveló.
Explicó que “la inflación ha variado, pero el salario de los jueces sigue igual. Un juez de Corte, que es mi nivel, ronda los RD$150 mil brutos, con los descuentos RD$125 mil. Por ley los jueces no podemos hacer otra cosa, salvo dar docencia”.
Reconoció que el CPJ ha hecho los esfuerzos para mejorar las condiciones laborales de los jueces y empleados del Poder Judicial.
Citó que esto es materia de preocupaciones profundas del Poder Judicial, y no se ha podido porque el sistema tiene el mismo presupuesto con poca mejoría.
“Lamentablemente, no podemos vivir dignamente”, manifestó el oriundo de Santiago de los Caballeros.
Tiene 45 años y es padre de tres hijos de 12, 5 y 4 años.
Aunque por el momento no ha recibido propuesta de ningún bufete de abogados indica que se dedicará al ejercicio privado..
Bonnelly Vega es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde también hizo una maestría en Derecho Societario y Comercial. También tiene un Doctorado en Derecho Penal realizado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Angustia a nivel interno
Al conversar con otros empleados, secretarios y jueces manifestaron su angustia, sobre todo por las condiciones económicas que persisten en todo el Poder Judicial y sin ninguna esperanza. Algunos expresaron que más del 80 por ciento de los jueces imparte docencia para compensar económicamente.
Los consultados, que prefirieron no dar sus nombres, coincidieron en que los próximos meses habrá más renuncias.
“Los sueldos son el problema”, dijo uno.
Reportaje de Dayana Acosta publicado en el periódico El Día
