Santo Domingo.La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) pidió ayer la renuncia de los miembros de la Cámara de Cuentas de la República, ante “el inminente fracaso de cumplir con su rol constitucional de vigilar el gasto del Gobierno y establecer los mecanismos de controles externos de los recursos de las instituciones públicas que reciben fondos públicos del presupuesto general de la nación cada año”.

ADOCCO fundamenta su pedido en lo que dispone el artículo 246 de la Constitución de la república, que reza: “El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes; siguiendo con el artículo 248, que establece lo siguiente “La Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado

El Coordinador General de la organización de la sociedad civil, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, que las declaraciones vertidas por la presidenta de la Cámara de Cuentas Licelot Marte de Barrio son incontrovertibles por ser el organismo que ella preside la que realiza las auditorias, o sea que lo ha hecho con conocimiento de causa, constituyendo a su vez una autoincriminación y manifestación de que durante el tiempo que lleva es poco el esfuerzo que ha realizado para evitar el despilfarro de los recursos del pueblo dominicano.

La Cámara de Cuentas es un ente autónomo y exclusivo de acción reconocido por la ley para establecer responsabilidades en materia civil, penal y administrativa, por lo que ante la irresponsabilidad del ministerio publico para accionar contra los depredadores de la cosa pública, ella ha debido hacerlo de manera directa y de seguro que contaría con el respaldo de toda la sociedad abandonada a su suerte por la corrupción imperante en el país. Preciso el vocero de ADOCCO.

La ley orgánica de la Cámara de Cuentas No. 10-04, le asigna competencias como la de establecer las responsabilidades en la que incurran los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como se desprende en su artículo 48 que dice: “La responsabilidad civil de los servidores públicos de las entidades y organismos sujetos a esta ley se determinará en correlación con el perjuicio económico demostrado en la disminución del patrimonio sufrido por dichas entidades u organismo respectivo, debido a su acción u omisión culposa”.

Para ADOCCO, las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Cuentas de que con los dineros que se ha llevado la corrupción pudiera funcionar dos República Dominicana, confirma las denuncias que ha realizado y constituye una falta grave en el ejercicio de sus funciones por no cumplir con las responsabilidades puestas a sus cargos por la constitución y las leyes, siendo pasibles de ser sometidos a un juicio político. Termino diciendo.