El caso de Amable aún no está cerrado

Santo Domingo. El Ministerio Público pidió al Tribunal Constitucional la revisión de la Decisión Jurisdiccional marcada con el número 226-2013, mediante la cual fue declarado inconstitucional el Auto No. 0005893, emitido por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, que procuran el levantamiento del archivo provisional de la investigación llevada en contra del senador de La República por la provincia de La Altagracia, señor Amable Aristy Castro, por prácticas de Corrupción en perjuicio del erario público y por consiguiente del Estado Dominicano.

Dicho recurso fue emitido por el juez de la Instrucción Especial de Jurisdicción Privilegiada, Mag. Juan Hiroito Reyes, quien además declaró inconstitucional los numerales 2, 3 y 4 del artículo 281 del Código Procesal Penal dominicano.

La Licda. Laura María Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, declaró que con dicho recurso el Juez se excede y violenta principios constitucionales al no reconocer la facultad del Ministerio Público a levantar un archivo provisional conforme lo acuerda el artículo 281 del Código Procesal Penal dominicano.

En el recurso, el Procurador expresa que el Juez de la Instrucción Especial de Jurisdicción Privilegiada en su decisión violenta el principio de división de poderes y de esta forma usurpa funciones de otros órganos y poderes del Estado. Además, que en la referida resolución violenta el principio de legalidad procesal y hace una herrada interpretación del principio Nom bis in idem, seguridad jurídica, tutela juridicial efectiva y el debido proceso, entre otros.

“Con dicho recurso se busca que el Tribunal Constitucional proceda anular dicha resolución, ya que la misma atenta contra las garantías constitucionales de la sociedad”, expresan las autoridades del Ministerio Público.