La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó órdenes de arrestos contra los colombianos Huber Oswaldo Buitrago Ruiz y Ángel María Buitrago Vacca, quienes recientemente fueron favorecidos con la variación de la medida de coerción de prisión preventiva al pago de una fianza y presentación periódica por supuestamente formar parte de una red internacional vinculada al narcotráfico y al lavado de activos.
Los arrestos fueron dispuestos mediante las órdenes 1302-2013 y 1302-A-2013, emitida por el juez Alejandro Vargas Guerrero, donde autoriza al Ministerio Público, a través de la procuradora fiscal del Distrito Nacional, adscrita al Departamento de Falsificaciones, magistrada Sandra Castillo Castillo, ejecutar el apresamiento de los hermanos Buitrago por su presunta violación a las disposiciones de los artículos 147, 153, 154, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Conforme estableció la Oficina de la Jurisdicción Permanente, la decisión fue adoptada en virtud de que existen suficientes elementos de prueba para sostener que los imputados podrían ser los autores del hecho investigado.
En dichas resoluciones, el Juez de la Jurisdicción Permanente dispuso que una vez detenidos los imputados, éstos permanezcan en el departamento en el cual la representante del Ministerio Público ejerce sus funciones, y que antes de transcurrido el plazo de las 48 horas, calculados desde el momento del arresto, los mismos sean presentados por ante el Juez de la Instrucción del Distrito Nacional, a los fines de que éste como único funcionario judicial competente, decida si procede su mantenimiento en prisión o en su defecto la puesta en libertad.
Recientemente, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de apelación del Distrito Nacional varió la medida de coerción de prisión preventiva impuesta a los imputados, por el pago de una fianza, consistente en RD$3 millones, así como impedimento de salida del país y presentación periódica.
El 13 de diciembre, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría anunciaron el desmantelamiento de la supuesta banda, formada por nacionales venezolanos, colombianos y dominicanos.
Según las autoridades, el grupo logró realizar operaciones por más de US$70 millones durante el año 2012.
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