De cada 10 homicidios que se cometen en el país con armas de fuego, ocho son con armas legales, lo que explica claramente por qué el Gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía, debe tener un registro y control de las armas legales, que al mismo tiempo dentro de sus funciones delimite las armas ilegales y emita la nueva licencia.
Así lo reveló Antonio Valerio, director técnico del nuevo Laboratorio Balístico y Biométrico del Sistema Nacional de Armas (LABB-SISNA) del Ministerio de Interior y Policía, quien junto al director general de esta entidad, Samuel de Moya, giraron una visita de cortesía a los directores ejecutivos del periódico El Nuevo Diario, Persio Maldonado y Cosette Bonnelly.
Valerio y De Moya explicaron que atendiendo a esa estadística, desde el primero de octubre se empezarán a tomar datos del arma y huellas dactilares de las personas que busquen adquirir un arma de fuego en el país, para asentar esos datos en el primer Laboratorio de Balística y Biométrico del Sistema Nacional de Armas, que iniciará su operación dentro de un año, con el cual se identificará de forma precisa a los autores y medios de hechos delictivos que se cometan con armas de fuego, ya registradas.
Aseguraron que más de un 80 por ciento de los casos de homicidios se producen con armas de fuego legales, pero que de esa cantidad, un 62% se debe a conflictos sociales o convivencias sociales, tales como choques en parqueos, descuido de los padres con un niño que dispara, problemas en colmadones, y celos, entre otros conflictos.
En tanto que el restante 18% de los homicidios se produce por parte de las propias autoridades en la persecución del crimen, mientras que menos de un 20% de los homicidios se producen con armas ilegales, indicando que en el país hay 235,000 armas legales registradas.
Resaltaron que esas referidas estadísticas dan como prioridad que el Gobierno necesita la creación de dicho laboratorio, que tenga como función básica controlar la emisión de permisos de armas legales y delimitar las ilegales, ya que hasta que un país no tenga un control de quiénes portan las armas de fuego no podrá fiscalizar las ilegales.
Fuente El Nuevo Diario
