Santiago de Chile. Un llamado para despenalizar el aborto en la región, como un compromiso con la vida y como un imperativo a la igualdad, hizo hoy Amnistía Internacional en el marco del Día Internacional para la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
En el mundo existen actualmente seis Estados en los que existe una prohibición absoluta respecto al aborto: Malta, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Chile y el Vaticano.
En un comunicado, Amnistía aseguró que «se ha comprobado empíricamente que las mujeres indígenas, afrodescendientes, que viven en la pobreza o que tienen baja escolaridad están desproporcionalmente representadas entre estas mujeres que mueren o quedan severamente afectadas a raíz de abortos inseguros».
En agosto de 2013 se realizó el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en donde se recomendó despenalizar el aborto como una prioridad para la vida de las mujeres y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad.
Dentro de los casos más notables que han estado presentes en los medios de comunicación en la región resalta el de «Beatriz», una salvadoreña que padecía de lupus eritematoso discoide agravado y que se encontraba embarazada de un niño anencefálico.
La anencefalia es una enfermedad incompatible con la vida fuera del útero materno.
Frente a este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), ubicada en San José de Costa Rica, ordenó requerir al Estado que adoptara y garantizara, de manera urgente, «todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la madre pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes».
«De este modo, evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables a los derechos a la vida y la integridad personal y a la salud de la madre», sentenció el máximo tribunal de derechos humanos de las Américas.
Finalmente, a «Beatriz» se le practicó una cesárea después de que la Justicia de su país le negó un aborto terapéutico y, tal como se esperaba, la niña murió cinco horas después de nacer.
Otro caso reciente, es el de una niña chilena de 11 años que fue violada reiteradamente por la pareja de su madre y quedó embarazada.
Este caso no llegó a los tribunales internacionales, porque la madre de la niña aseguró que se trató de una relación consentida. Sin embargo fue suficiente para que se destapara la discusión sobre el aborto en Chile.
El presidente Sebastián Piñera, quien se ha mostrado siempre en contra del aborto, comentó a los medios que «(la niña) nos sorprendió a todos con palabras que demostraban una profundidad y una madurez cuando dijo que a pesar del dolor que el hombre que la violó le había causado ella iba a querer y cuidar a su bebe».
De esa forma, el Gobierno descartó participar en la discusión sobre el derecho que podría haber tenido la niña para abortar.
Rosario Puga, de la organización Miles Chile, aseguró a Efe que «hay una situación de negación del debate público y negación del ejercicio de derecho de las víctimas que es muy determinante».
En el caso particular de la niña de 11 años, Puga explicó que «uno de los requisitos de los procedimientos para llevar los casos frente a la Comisión es que exista consenso con los familiares. Y en realidad lo que ha habido es un silenciamiento de los familiares, no impositivo, sino por un clima de temor», apostilló.
La CorteIDH estableció que no hay un consenso acerca del inicio de la vida humana, y por tanto, los Estados «deben permitir diferentes y a veces contradictorias opiniones al respecto dentro de su jurisdicción».
En Chile el aborto era legal y socialmente aceptado entre 1931 y 1989, año en que fue eliminado por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). EFE
