William Medina es un dominicano que vio morir a su hija en Haití por epilepsia mal tratada. Su historia forma parte del caso de expulsiones masivas desde la República Dominicana que será abordado el martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en México.
Medina, de 47 años pero que aparenta muchos más, narró en un atropellado español la violencia con que el Ejército dominicano irrumpió en su finca una noche de enero de 2000, durante una conferencia de prensa este lunes en la víspera del inicio del 48° Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte IDH.
Esa noche, relata, fue detenido junto con su esposa y tres hijos para deportarlos al vecino Haití acusándolos de ilegales, pese a que les mostraron a los uniformados sus identificaciones que los acreditaban como dominicanos, documentos que fueron hechos añicos en su cara.
Con su hija de cinco años en brazos sufriendo una crisis de epilepsia, «le preguntaba a Dios ‘¿qué voy a hacer con mi hija enferma si no tengo nada aquí?» ni conozco la lengua de Haití, rememoró Medina.
«Se me murió la niña … llevamos 13 años viviendo en malas condiciones», asegura.
Medina «es dominicano, no tenía ninguna razón el Estado dominicano para expulsarlo. Estamos hablando de expulsiones colectivas sin análisis individualizado» que evidencian una «discriminación racial estructural», denunció Francisco Quintana, director para la región del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Esta es una de las organizaciones que presentaron el caso de Medina y de otras cinco familias de personas negras, la mayoría descendientes de haitianos, que fueron expulsadas de la República Dominicana entre 1999 y 2000 y que serán analizados desde el martes en la audiencia de la Corte IDH, cuyo fallo podría demorarse unos seis meses.
Repetición «masiva» de las mismas historias
Activistas y académicos advierten de que esos casos son sólo una pequeña muestra de muchas otras crueles expulsiones. Historias como las de Medina «se repiten de forma masiva», alerta Paola García, integrante de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Columbia de Nueva York.
La semana pasada el Ejército dominicano reportó que ha «deportado» sólo entre el 16 de agosto de 2012 y el 26 de septiembre de 2013 a un total de 47.700 «nacionales haitianos, que han ingresado de manera ilegal» a República Dominicana.
Para Quintana, son dos los primeros criterios que aplica el Estado dominicano para las expulsiones: «el color obscuro de la piel y un apellido afrancesado».
«Te detienen porque eres negro. Si tu apellido es Pérez tienes posibilidades de no ser expulsado, pero si es Pierre, te vas» a la excolonia francesa Haití, que comparte una frontera de 300 km con República Dominicana, ejemplifica.
En el caso contra el Estado Dominicano también participan los haitianos Grupo de Apoyo de Refugiados y Repatriados (GARR) y Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA).
«El fenómeno de la inmigración haitiana en República Dominicana fue estimulado por los dos estados con contratos laborales bilaterales -para las temporadas de corte de caña sobre todo- por lo que no podemos hablar de (que los expulsados tienen) padres ilegales», enfatizó Lisane André, de GARR.
Las ONG buscan que la Corte IDH «establezca la responsabilidad del Estado dominicano en las violaciones cometidas en perjuicio de la víctima y demuestre la necesidad de la adopción de medidas al alcance general para evitar la repetición» de esos hechos en «cualquier parte del hemisferio», donde son recurrentes «prácticas discriminatorias», añadió Quintana.
Activistas también lamentan un reciente fallo del Tribunal Constitucional (dominicano que determinó que los hijos de inmigrantes indocumentados y en tránsito no podrán adoptar la nacionalidad, una polémica decisión retroactiva a 1929 que afectaría a miles de descendientes de haitianos.
El caso contra el Estado dominicano será abordado el martes y miércoles en la sesión de la Corte IDH. El mismo miércoles la Corte inicia una audiencia sobre una solicitud de «Opinión Consultiva sobre Niñez Migrante», que concluirá el jueves.
Finalmente el viernes se efectuará el Seminario Internacional «Diálogo Jurisprudencial e Impacto de las Sentencias de la CIDH», con lo que se pondrá fin al periodo de sesiones de la corte, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
