México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escuchó hoy en México los alegatos de víctimas de presuntos actos de «detención arbitraria y expulsión sumaria», ocurridos entre 1994 y 2000 en República Dominicana, y a cinco peritos que valoraron el caso.
Los afectados vivían en República Dominicana y fueron expulsados a Haití, y hoy sufren una «situación de precariedad e incertidumbre» por aquellos hechos, sostuvo Felipe González, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La audiencia aborda el caso «Tide Méndez y otros contra República Dominicana» sobre la supuesta deportación colectiva de 27 personas, 22 de las cuales eran dominicanas, dentro los trabajos del XLVIII período extraordinario de sesiones de la CorteIDH que se celebra en Ciudad de México.
La audiencia pública permite a ambas partes, la defensa de las víctimas y a la representación de República Dominicana, así como a la CIDH y a los jueces de la CorteIDH, presentar sus alegatos en el caso.
El primero en comparecer fue el dominicano William Medina Ferreras, quien contó que fue detenido por personal de la Marina de su país junto con su esposa e hijos, y expulsado de su propio país hacia Haití.
Sus compatriotas le encarcelaron junto a su familia, le acusaron de «ser haitiano» y después le expulsaron de Oviedo, donde vivía, lo que le causó un perjuicio económico que dura hasta hoy.
Declaró que tuvo que vivir en Haití en condiciones de indigencia, pidiendo limosna, y perdió a una de sus tres hijas.
El perito argentino Pablo Seriani, propuesto por la CIDH, aludió al «carácter regresivo de diversas leyes y prácticas migratorias» y dijo que en casos como el presuntamente ocurrido en República Dominicana era importante «asegurar las garantías de debido proceso».
Destacó que la expulsión de indocumentados tiene una «naturaleza sancionadora» y es «la acción más coactiva frente a un abanico amplio de respuestas posibles».
El costarricense Carlos Quesada presentó un peritaje sobre discriminación racial en el país caribeño y resaltó que en todas las naciones de América Latina el principal problema es «la negación» de dicha práctica.
Precisó que la discriminación racial en República Dominicana «afecta a los afrodominicanos» y señaló que actualmente «muchos dominicanos que quieren definirse como afrodominicanos no lo pueden hacer».
Al hacer un repaso de las políticas migratorias en el país caribeño, la coordinadora del Centro de Observación Migratoria y Desarrollo Social, Briget Wooding, advirtió que «más de 200.000 personas podrían estar en riesgo de tener dificultades con sus documentos» y quedar apátridas por un reciente fallo del Tribunal Constitucional.
Esa sentencia, que niega la nacionalidad a los extranjeros nacidos de padres indocumentados, debería quedar «sin efecto», afirmó.
El perito Cecilio Gómez Pérez, propuesto por el Estado dominicano, explicó que los indocumentados son responsables de «violar el orden interno de un país» de manera «ininterrumpida», por lo que estar en esa situación no les debe permitir arrogarse derechos, menos aún la nacionalidad.
Recordó que «cuando una persona entra a un país, debe hacerlo de acuerdo con las normas de ese país», lo que no sucedía en el caso de muchos haitianos sin papeles que están en República Dominicana.
La audiencia pública sobre este caso continuará este miércoles en la capital mexicana, aunque la CorteIDH no emitirá una sentencia inmediata pues habrá un plazo complementario para que las partes puedan ampliar sus alegatos por escrito. EFE
