Santo Domingo. El Gobierno de República Dominicana anunció hoy que en dos meses iniciará un plan de regularización de extranjeros, en medio de la polémica por un fallo judicial que niega la nacionalidad a las personas nacidas en el país de padres sin documentos y que afecta especialmente a las de origen haitiano.
Así lo anunció la Presidencia en un comunicado emitido tras una reunión de más de tres horas del Consejo Nacional de Migración, encabezada por el mandatario Danilo Medina.
El comunicado, leído por el portavoz presidencial, Roberto Rodríguez Marchena, señaló que el Gobierno acata la sentencia emitida a finales de septiembre por el Tribunal Constitucional (TC), al tiempo que reitera su compromiso «con el respeto a la Constitución, las leyes de la República y la independencia de los poderes públicos y órganos constitucionales».
En el documento, el Consejo Nacional de Migración reiteró su compromiso con la implementación de una política migratoria «clara y transparente, ajustada al mandato de la Constitución y las leyes dominicanas, respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales».
Paralelamente, agregó la nota, el Estado «es sensible ante la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas, y que sienten afectados sus derechos como consecuencia de esta sentencia».
Asimismo, reiteró la posición de Medina de que «aquí hay un problema humano que tenemos que resolver».
En la cita, a la que asistieron varios de los ministros que integran el Consejo, entre ellos, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul; y de Migración, José Ricardo Taveras, se acordó la conformación del Instituto Nacional de Migración y la designación de su director ejecutivo.
También de decidió que en un plazo de 30 días la Junta Central Electoral, encargada del registro civil, rendirá un informe que recoja el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros inscritos en su registro, tanto en su condición de regulares como irregulares.
Esta es la primera reunió del Consejo Nacional de Migración, órgano encargado de la política migratoria local, después de la sentencia inapelable del TC, emitida a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Deguis Pierre, de 29 años, contra la Junta Central Electoral (JCE) por una sentencia de primera instancia que le negó la cédula de identidad y electoral.
El TC argumentó que, conforme al artículo 11.1 de la Constitución dominicana de 1966 (vigente a la fecha de nacimiento de Deguis Pierre), no le corresponde la nacionalidad dominicana, y, por tanto, tampoco la cédula de identidad y electoral.
La sentencia puede afectar a unas 250.000 personas nacidas en República Dominicana, además de alrededor de 35.000 hijos de padres de diferentes nacionalidades.
Según datos divulgados hace poco por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en República Dominicana residen 458.233 haitianos, una cifra inferior al millón que aseguran distintas fuentes.
Algunos sectores han propuesto una ley general de amnistía para los descendientes de extranjeros, una iniciativa que le parece «imposible» al director de Migración, José Ricardo Taveras, porque violaría la Constitución, que establece quiénes son dominicanos.
En ese mismo orden se ha pronunciado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, quien, en recientes declaraciones a la prensa, señaló que una amnistía «pueda ser una medida de carácter legislativo que choque con la decisión del Tribunal Constitucional y eso debe evitarse».
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