Santiago. Las agrupaciones feministas de República Dominicana, preocupadas por la violencia de género y el aumento de los feminicidios, principalmente en la región norte del país, dijeron que han decidido no seguir contando las víctimas.
La portavoz del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal y de la Coordinadora de Mujeres del Cibao , Raquel Rivera, informó a Efe, que a pesar de que hay una sensibilización de la población, cuando las víctimas buscan ayuda en las corporaciones correspondientes no se les presta la debida atención.
«Hemos decidido no seguir contando más muertes de mujeres, esto no aporta nada, lo único que deja es un sabor amargo a la población, porque muchas veces las estadísticas aquí las toman como un relajo», se quejó.
La feminista lamentó que aquí se habla de violencia cuando ya hay una víctima o una mujer maltratada, pero que de la violencia psicológica y emocional no se habla.
Rivera manifestó que las autoridades dominicanas alegan todos los años que los niveles de violencia disminuyen, pero que lo que la población percibe es que los hechos van en aumento.
Dijo que los casos que están sucediendo tienen mucho que ver con la poca capacidad de respuestas que tienen las autoridades y la falta de conciencia de la población.
Según la líder feminista, al hombre latino, y en particular al dominicano, se le ha educado para que asuma a la mujer como un objeto de su propiedad y que por tanto se siente con el derecho de maltratarla psicológica y físicamente, y en el peor de los casos, quitarle la vida como ocurre con frecuencia en el país.
Subrayó que se ha hecho mucho hincapié para sensibilizar y concienciar a la población sobre los feminicidios y la violencia de género, pero que la débil institucionalidad que tiene el país y las pobres acciones de las autoridades, no ha permitido encontrar las respuestas que espera la población.
Indicó que los responsables de tomar las decisiones, tienen que comprender que hay que destinar los recursos necesarios para controlar esa situación y se quejó de que la capacidad de respuestas de las autoridades son muy débiles y pobres ante la necesidad de los casos.
«Y por eso hoy vemos que las mujeres que se sienten amenazadas y acuden en busca de protección, no reciben el apoyo necesario», afirmó.
Consideró que hasta que no se tomen acciones serias y comprometedoras, que incluya garantizar un servicio de calidad a las víctimas, «vamos a seguir contando más muertes de mujeres».
Raquel Rivera añadió que hay mujeres que denuncian casos de abusos y los responsables son apresados, pero que cuando recuperan su libertad las víctimas corren igual o mayor peligro.
Y recordó el caso de un hombre que hace una semana mató a su expareja luego de cumplir dos meses de prisión preventiva por una denuncia que había interpuesto la víctima en su contra por abuso de género.
Indicó que desde la cárcel el victimario la amenazaba de muerte y que cuando salió en libertad hace cinco días cumplió sus amenazas.
También se refirió al caso de otra mujer asesinada hace cinco días por su pareja en el sector de Bella Vista, de Santiago.
En este caso, de acuerdo a la Policía, el homicida alegó a los investigadores, que discutió con su amante porque mientras sostenían relaciones sexuales, esta supuestamente le habría pedido acelerar el encuentro porque estaba a la espera de una llamada que le haría su novio desde la ciudad de Nueva York.
La dirigente feminista mencionó, además, el caso de una señora a la que su esposo le mutiló la mano derecha y tres dedos de la izquierda, y quien antes de los dos meses recuperó su libertad porque supuestamente sufrió un infarto en prisión.
«Ahora esa mujer está atemorizada porque no siente niveles de seguridad para su vida, porque el agresor está en la calle», indicó.
También declaró que hace falta una voluntad y una actitud política para que se destinen los recursos necesarios para mejorar la calidad de los servicios para que las víctimas se sientan protegidas.
La feminista considera como una desconsideración y una burla el que las mujeres tengan que esperar hasta ocho y nueve horas para que sean atendidas en las unidades de violencia de géneros, que opera la Procuraduría General de la República, debido a la insuficiencia e incapacidad del personal para atenderlas.
