Santo Domingo. Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició hoy una visita de cinco días a la República Dominicana con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros ilegales en el país.
La agenda de la delegación arrancó con un encuentro en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo local, con representantes gubernamentales, entre ellos, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; y el vicecanciller, José Manuel Trullols.
La agenda de hoy incluye también una reunión en la Junta Central Electoral (JCE), encargada del registro civil dominicano.
La misión de la CIDH ha pedido a las autoridades no dar declaraciones públicas de los asuntos tratados entre ambas partes ya que el próximo viernes, al término de la visita, ofrecerán una declaración conjunta.
La delegación esta integrada por el presidente de la Comisión, José de Jesús Orozco Henríquez; la primera vicepresidenta, Tracy Robinson; la segunda vicepresidenta, Rosa María Ortiz; y los Comisionados Felipe González, Dinah Shelton y Rose Marie Antoine.
También integran la delegación el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria; la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, y personal de la Secretaría Ejecutiva.
La misión recibirá denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, desde hoy hasta el jueves 5 de diciembre, en el horario de las 9.00 a las 19.00 horas locales.
Adicionalmente, el miércoles 4 de diciembre se recibirán denuncias en las provincias de Dajabón, Valverde, San Pedro de Macorís y La Romana, anunció el organismo.
El TC resolvió el pasado 23 de septiembre que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país «en tránsito».
La sentencia, inapelable, fue emitida a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Deguis Pierre, de 29 años, contra la JCE por una sentencia de primera instancia que le negó la cédula de identidad y electoral.
Las autoridades dominicanas, sin embargo, aseguran que la sentencia abre la vía para regularizar el estatus de los inmigrantes indocumentados y su descendencia.
De hecho, el Gobierno aprobó el 22 de noviembre el Plan Nacional de Regularización de los extranjeros indocumentados, el cual beneficiará especialmente a los de origen haitiano, que representan casi el 90 % de la población foránea residente en el país.
De los 9,5 millones de habitantes que tiene el país caribeño, se verían afectados unos 240.000 según cálculos de la organización Human Rights Watch (HRW). EFE
