Valencia. Representantes políticos de Uruguay, Colombia y República Dominicana han presentado diversas posibilidades de inversión en su país a empresas españolas, especialmente en materia de infraestructuras, durante la jornada «Futuro en Español».
Organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el grupo Vocento, el congreso ha reunido al ministro de transporte y obras públicas de Uruguay, Enrique Pintado, el embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, y la subgerente del centro de exportación e inversión de la República Dominicana, Carmen Méndez, entre otras autoridades y empresarios.
En la presentación de la jornada, el director para Europa del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Guillermo Fernández de Soto, ha asegurado que los 18 países que forman parte de esta entidad financiera deberán incrementar su inversión en infraestructuras del 3% al 7% del PIB conjunto en los próximos años para superar la «brecha» en esta materia.
En este mismo sentido, el ministro de Transportes y Obras Públicas de Uruguay, Enrique Pintado, ha explicado que existe un compromiso de los principales partidos y sindicatos de su país para convertirlo en un importante polo logístico en los próximos años mediante inversiones de mejora en la red de carreteras y conexiones ferroviarias.
También ha mencionado el corredor bioceánico entre Valparaíso (Chile) y Santos (Brasil) como una oportunidad para la «innovación y la creatividad».
«Tenemos un modelo de carreteras inglés, que confluye en el puerto de Montevideo, y nuestra intención es superar este modelo hacia otro más integrador y construir un nuevo puerto en el este del país para recibir a esa Asia que se nos viene, pasando por África, porque actualmente no estamos preparados para acoger las inversiones de China o Turquía», ha añadido.
El embajador Fernando Carrillo (que ha sustituido a la ministra de Transportes de Colombia, María Cecilia Álvarez), ha centrado parte de su exposición en la evolución democrática y jurídica de su país, que ha pasado de ser considerado un «Estado fallido» hace 20 años a «una de las democracias más consolidadas de América Latina».
«Somos el tercer país de América Latina más amigable para los negocios, la segunda economía por mano de obra cualificada, el quinto país del mundo que más protege las inversiones», ha asegurado Carrillo, quien ha explicado además algunos de los avances que supondrá la nueva Ley de Infraestructuras del Gobierno de Juan Manuel Santos.
«Esta ley permitirá romper los cuellos de botella que muchas veces suponen los conflictos medioambientales o con las minorías por la vía de la participación y el diálogo. Colombia construye unos 400 kilómetros de carreteras al año», según el embajador.
Sin embargo, ha insistido en que la revolución económica más importante que afrontará el país próximamente será la paz con la guerrilla, que a su juicio incrementará la inversión extranjera hasta, al menos, el 35 por ciento del PIB nacional.
La representante del centro de inversión de la República Dominicana también ha subrayado los logros en materia de seguridad física y jurídica en su país y ha asegurado que en determinados sectores el Gobierno dominicano pone a disposición de los inversores «prácticamente un traje hecho a la medida».
El país recibió el año pasado más de 3.500 millones de dólares de inversión extranjera, y España ha aportado más de 2.197 millones de dólares entre 2004 y 2012, fundamentalmente en el sector turístico.
El conseller de Economía de la Generalitat Valenciana ha ofrecido su visión sobre el sector turístico de la Comunidad Valenciana, un «modelo de éxito», según ha defendido, que puede contribuir al desarrollo de los recursos humanos, innovación y calidad de las empresas turísticas de los países de América Latina.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha intervenido al final de la mañana, mientras que está previsto que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, clausure esta tarde el congreso.
Esta prevista además la intervención de los máximos responsables de empresas como Globalia o Porcelanosa, así como representantes del ICEX o la CEOE.
EFE