Todos los dominicanos deben prestar mucha atención a las discusiones que se vienen llevando a cabo en torno a la política migratoria y la adquisición de la nacionalidad en la República Dominicana.
El debate alrededor de estos temas ha hecho aflorar la debilidad institucional en el país y una marcada confusión, tanto en el escenario académico como en algunos sectores dominicanos, en torno a conceptos y sobre el derecho que tiene el Estado para decidir todo lo relacionado a quién puede ingresar y permanecer en la República Dominicana y quién adquiere la nacionalidad conforme a la Carta Magna de la República.
La debilidad institucional, en temas tan delicados como es el manejo de las relaciones internacionales y los aspectos migratorios de un Estado, se han puesto en evidencia. Asimismo, la RD ha evidenciado una realidad que, a mi modo de ver, es la fuente de las dificultades actuales.
Se acepta la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin enviar al Congreso el instrumento de aceptación para ser ratificado.
De igual manera se firma un tratado comercial (DR-CAFTA) condicionado a aplicar determinada política migratoria frente a Haití. El país dura aproximadamente 8 años sin un reglamento de ejecución de la ley 285-04. Por negligencia gubernamental se permite la entrada de manera ilegal de más de 300 mil extranjeros entre el 2005 y 2012 al territorio de la República. No se incluye el jus sanguines en la Constitución por temor al qué dirán… Esto es la expresión clara de la ausencia de una actitud responsable de los gobernantes dominicanos frente a esa realidad
Esas debilidades institucionales han permitido que sectores que tienen la firme decisión de obligar a la República Dominicana a estar sin política migratoria y a imponer un criterio en materia de nacionalidad, se aprovechen de eso para intentar lograr sus propósitos. Esos sectores nacionales e internacionales se han unido como un solo hombre para doblegar el derecho que tiene el Estado dominicano a decidir a quién le corresponde o no la nacionalidad dominicana, conforme a su derecho interno.
Todos los Estados, conforme al derecho internacional, tienen la prerrogativa indiscutible de elaborar y aplicar su propia política migratoria y a decidir la forma en que se adquiere la nacionalidad; sin embargo, a la República Dominicana se le pretende negar ese derecho, porque de lo que se trata es de resolver el problema haitiano a través de nuestro territorio, aunque para ello sea preciso violar los derechos humanos de aproximadamente 9 millones de dominicanos que rechazan de manera categórica tales pretensiones.
Un ejemplo de esas aspiraciones fue la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 2 al 5 de diciembre del 2013, en el territorio dominicano, en una visita “in loco”, cuyo propósito es culpar a la República Dominicana, para hacerla recular, ponerla a la defensiva hasta obligarla a deponer su derecho como Estado y así permitir la concreción de las pretensiones de los sectores nacionales e internacionales que apuestan a la viabilidad de la unificación del Estado dominicano con el haitiano.
La situación ha llegado a un grado tal que algunos dominicanos aplauden cualquier presión que se ejerza sobre la República Dominicana, mostrando un grado de alienación increíble, a lo que un desaparecido dirigente de izquierda en su momento llamó “Colonialismo Ideológico”. Hay quienes han olvidado que los intereses generales de la República están por encima de banderías políticas; he insistido de manera reiterada que cuando se trata de los intereses generales de la nación solo debe predominar la bandera dominicana.
Por muchas diferencias que pueda haber, desde el punto de vista de banderías políticas, los dominicanos deben defender lo que con tanta sangre han defendido generaciones pasadas. ¿Por qué hoy personas dominicanas levantan como estandarte de su victoria personal las sanciones o presiones que recibe la República Dominicana de organismos internacionales? ¿Complejo de Guacanagarix o de malinchismo? ¿Se puede hablar de racismo en un país donde hay más de 458 mil extranjeros haitianos de manera ilegal, que deambulan por las calles dominicanas como si nada pasara?
La presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la República Dominicana es algo lamentable por la forma indelicada con que ésta se desenvolvió durante su estadía en el territorio dominicano. Propició movimientos de extranjeros ilegales para hacer denuncias contra el país, desconoció de manera deliberada que la Convención Interamericana de Derechos Humanos cuando habla de extranjeros sólo se refiere a aquellos que entraron de manera legal al territorio de un Estado, jamás alude a aquél que ingresa vulnerando las normas internas de los Estados.
Del 2000 al 2012 la Dirección General de Migración emitió algo más de 49 mil carnets de residencias permanentes, siendo la población haitiana la segunda más beneficiada con la adquisición de esos carnets, por delante de la española, china y cubana.
¿Es eso racismo? Claro que no. ¿Tiene Haití algún derecho especial sobre la República Dominicana? Imposible! ¿Debe la República Dominicana regatear su derecho soberano? Jamás! La República Dominicana ha sido generosa de más con todos los extranjeros que en determinado momento de su historia han ingresado al territorio nacional.
El gobierno dominicano se ha manejado como quien tiene dudas frente a la obligación de defender los intereses de la nación. ¡Grave error! ¡Si el Estado dominicano se arrodilla hoy tendrá graves dificultades para levantarse mañana! A veces da la impresión o de que están predominando los intereses políticos particulares de grupos o las aspiraciones individuales de personas y/o ONGs que puedan influir en el gobierno, más que la presencia de la responsabilidad ineludible de proteger y defender los intereses generales del Estado.
Algunas personas se han afanado de manera denodada en referirse a la nacionalidad en la Constitución dominicana frente a las personas nacidas en el territorio de la República hijas de padres haitianos; pero, de manera deliberada o por desconocimiento o por descuido, nunca han mostrado ninguna preocupación por conocer y referirse a los acuerdos dominico-haitianos de 1952, 1959 y 1966 sobre contratación de mano de obra haitiana.
Tampoco, esos sectores y grupos de personas nacionales y extranjeros, y de manera muy lamentable y grave, han mostrado el menor interés por estudiar la Constitución haitiana de entonces para determinar la nacionalidad de las personas nacidas en el territorio dominicano de padres haitianos contratados en esas fechas como trabajadores temporeros.
¿Si la Constitución haitiana vigente en los años 1952, 1959 y 1966 expresa que la nacionalidad de los hijos de los haitianos, sin importar el lugar donde nazcan, es la haitiana, por qué los sectores nacionales y extranjeros que defienden a los haitianos no le reclaman al Estado haitiano la obligación de que le reconozcan la nacionalidad a esas personas nacidas en el territorio dominicano de padres haitianos? ¿No debería el Estado haitiano elaborar un Plan de Regularización de Nacionalidad para reconocer la condición de haitiano a los hijos de sus nacionales nacidos en RD?
Esos sectores nacionales y extranjeros solo están preocupados en obligar a la Republica Dominicana a violar su propio derecho para complacer los intereses alineados alrededor de buscarle una salida al problema haitiano a través de la República Dominicana; esos grupos no entienden que obligar al pueblo dominicano a aceptar una situación de esa naturaleza sería generar la peor crisis en el Caribe; pretendiendo resolver la crisis haitiana podrían propiciar la crisis de la isla, que repercutiría de manera negativa en todo el continente.
La salida más inteligente para resolver el problema haitiano, y que le podría salir más barato al continente americano, es implementar una especie de mini Plan Marshall para Haití, monitoreado firmemente por la comunidad internacional, para invertir en la agricultura, la industria, el turismo, la salud, la educación… en Haití; hay que actuar con debida inteligencia y sentido histórico frente al problema.
Es un error lamentable manejar la relación dominico-haitiana con sentido politiquero bañado de cierto grado de irresponsabilidad, así como tratar dicha relación con el espíritu individualista que pueda caracterizar a algunas personas ubicadas en los sectores medios de las sociedades haitiana y dominicana, cuyo único propósito es potencializar sus objetivos económicos y sociales a costa de dañar los intereses de ambos Estados, el dominicano y el haitiano.
La madurez con que se debe tratar los vínculos entre los dos Estados debe ser el estimular una relación armónica basada en el respeto al derecho soberano innegociable de uno y otro.
