Santo Domingo. Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) denunciaron hoy que el presidente de esa formación, Miguel Vargas Maldonado, obtuvo un préstamo de 15 millones de dólares del estatal Banco de Reservas en 2011, a pesar de que la gerencia de valuaciones de esa institución financiera se opuso a esa concesión bajo el alegato de que el político es mal pagador.
De acuerdo a la denuncia, presentada en rueda de prensa, el préstamo fue concedido a Vargas Maldonado a nombre de la firma «General de Galerías Comerciales Mundo Mall, S.A.», donde solo aparecían como accionistas el presidente del PRD, su hijo Miguel Paul Vargas García y la secretaria Gisela Altagracia Patxot Cartacio.
«Vargas Maldonado es vicepresidente a nivel mundial de la Internacional Socialista, presidente del Comité para América Latina y el Caribe, y vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, entidades que deberán fijar una posición sobre el escándalo en que está envuelto el político dominicano, quien también prolongó su mandato ilegalmente al frente del PRD», dijeron los denunciantes en un comunicado leído en la convocatoria.
Al definir la transacción financiera como una operación política previamente aprobada por las altas instancias del poder político en el Estado dominicano, los denunciantes afirmaron que el dinero fue entregado a Vargas Maldonado como una «compensación por los trabajos políticos que hizo a favor del PLD antes, durante y después de las elecciones de 2012».
Resaltaron que el supuesto acuerdo se hizo cinco meses antes de las elecciones, coincidiendo con una declaración pública de Vargas Maldonado de que no se «montaría en la patana del candidato presidencial de su partido», Hipólito Mejía.
Los detalles de la transacción financiera fueron ofrecidos por la exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch y el médico Jesús Feris Iglesias, acompañados de dirigentes del PRD que también suscribieron el documento de la denuncia.
Entre los firmantes figuran el excanciller Hugo Tolentino Dipp, la exsecretaria de Educación Ivelisse Prats de Pérez, el pasado presidente del PRD Ramón Alburquerque, el vicepresidente Roberto Fulcar, Arturo Martínez Moya, y los dirigentes Eligio Jáquez, Rafael -Fafa- Taveras, Tony Peña Guaba, Jean Luis Rodríguez, Nora Nivar, Bonaparte Gautreaux Piñeiro, Rafael Santos, Eugenio Cedeño, Betzaida Santana, Julio Cordero, Isidro Torres, José García Ramírez, Sofía Leonor Sánchez Baret y Antonio Almonte.
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Ortiz Bosch explicó que según los documentos relacionados con la operación, el 8 de diciembre de 2011, el Banco de Reservas, «pese al cuestionamiento del Comité de Evaluaciones de Crédito, aprobó una facilidad crediticia al vapor por US$15 millones, equivalentes a RD$585,000.000 millones, a favor de Miguel Vargas, facilidad aprobada el 13 de diciembre de 2011 y desembolsada en el primer trimestre del año 2012, en pleno proceso electoral».
La exfuncionaria aseguró que aunque la solicitud fue justificada como una operación empresarial con el supuesto propósito de desarrollar un proyecto inmobiliario en un solar ubicado entre las avenidas John F. Kennedy y San Martín, próximo a la avenida Máximo Gómez, a dos años de recibido el préstamo, en el lugar no se ha colocado en solo block y el inmueble aparece cubierto de maleza.
«Si no lo invirtió en el proyecto inmobiliario, como establecía el acuerdo con el Banco de Reservas, ¿dónde está el dinero?, se preguntó Ortiz Bosch.
«La evaluación crediticia de Miguel Vargas, hecha por la Gerencia de Análisis de Crédito, fue calificada en el nivel de riesgo D (cliente de difícil cobro) que según define el Reglamento de Evaluación de Activos (REA), normativa aprobada por la Junta Monetaria en su resolución 29/11/04, hacía inaplicable este préstamo», apuntó la dirigente.
«El Banco de Reservas violó la normativa prudencial que dispone que los préstamos en dólares se conceden solo a empresas que generan divisas, que exportan bienes o servicios de manera comprobable y cuantificable, identificando, además, el país de destino de los bienes o servicios a exportar. Nada de eso se hizo; se otorgó el préstamo a una empresa que no genera divisas, sin la seguridad de que dispondrá del flujo de efectivo en moneda extranjera para devolver el principal y los intereses», indicaron los dirigentes perredeístas mediante un documento leído por la ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch.
Los documentos presentados en la rueda de prensa sobre la operación financiera entre el presidente del PRD y el banco estatal, incluyen copias de un informe técnico con los datos generales del cliente; un memorando dirigido al Consejo de Directores a la firma del administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa; la resolución de fecha 13 de diciembre del 2011 mediante la cual se aprobó un crédito a término por US$15,000,000, equivalente a RD$585,000,000, calculado a la tasa de cambio de 39 pesos por cada dólar, y el contrato de crédito suscrito entre el Banco de Reservas y Miguel Vargas.
De acuerdo a la documentación, el préstamo fue aprobado en un tiempo récord de 11 días «a pesar de que la empresa sombrilla que usó Miguel Vargas tenía clasificación «D», que la hacía inelegible para un financiamiento, además de que las garantías ofertadas fueron rechazadas previamente por la Gerencia de Valuaciones del Banco porque las mensuras no estaban actualizadas como requiere la normativa de la Superintendencia de Bancos y las garantías no eran polivalentes o no servían para varios propósitos, como lo exige la regla bancaria.
«Los técnicos del Banco de Reservas reportaron al Consejo de Directores que la empresa de Vargas Maldonado presentaba pérdidas en los primeros años, que la capacidad de pago era insuficiente, que influía para la clasificación de riego «D», que no había reportado ingresos durante los años 2009, 2010, y que las proyecciones de ingresos netos para el período 2012-2018 se sustentaban en la venta de apartamentos para lo que no existían informaciones concretas de planos, permisos, presupuestos y cronogramas», apunta la declaración de los dirigentes del PRD.
De acuerdo a la denuncia, si no se hubiera tratado de un préstamo aprobado por las altas instancias políticas, la Superintendencia de Bancos estaría exigiendo el cumplimiento estricto de la normativa prudencial y habría requerido a Miguel Vargas la devolución inmediata del préstamo.EFE
